CGT, las dos CTA y gremios de todo el país repudiaron el fallo judicial que desplazó a la conducción metalúrgica y denunciaron un intento de disciplinamiento contra el movimiento obrero
La decisión judicial que desplazó de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica a Abel Furlán generó una inmediata reacción de todo el arco sindical argentino, que salió en bloque a repudiar la medida y a denunciar una avanzada política y judicial contra las organizaciones obreras.
Las principales centrales sindicales del país, entre ellas la Confederación General del Trabajo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, expresaron su solidaridad con el dirigente metalúrgico y calificaron la intervención como un “acto de disciplinamiento” destinado a debilitar las negociaciones paritarias y la capacidad de organización gremial.
La resolución fue firmada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que declaró la nulidad de los comicios de la seccional Zárate-Campana y, en consecuencia, dejó sin efecto la elección nacional que había ratificado a Furlán como secretario general de la UOM.
Además, la Justicia dispuso una intervención de 180 días y designó como administrador judicial al abogado Alberto “Nacho” Biglieri, un nombre que generó fuerte malestar en el sindicalismo por sus vínculos políticos y judiciales.
Desde la CGT rechazaron “cualquier intento de avanzar sobre la libertad y la organización del movimiento obrero” y remarcaron que intervenir un sindicato “es atacar la autonomía de las y los trabajadores”.
También el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano y Pablo Moyano, cuestionó duramente el fallo y sostuvo que se trata de un intento de “callar al movimiento obrero”.
Por su parte, los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, señalaron que la medida “desconoce la legitimidad democrática” de la elección interna metalúrgica y busca “limitar la capacidad de representación, organización y lucha” de los trabajadores.
El rechazo también incluyó a gremios estatales y sindicatos nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que integran la UOM, Aceiteros, ATE y otros sindicatos combativos.
Desde ese sector denunciaron que la intervención representa una “persecución política grosera y direccionada” contra una conducción sindical que se posicionó entre las más críticas de las políticas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Además, apuntaron contra el Grupo Techint y el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, al sostener que existe una ofensiva coordinada para avanzar sobre los sindicatos y facilitar una reforma laboral regresiva.
En ese marco, las organizaciones gremiales advirtieron que responderán con movilización y profundización del plan de lucha. “No hay hostigamiento capaz de detener la lucha de la clase trabajadora argentina”, afirmaron.
El conflicto se produce además en medio de negociaciones salariales complejas para el sector metalúrgico y en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo argentino.