La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades en la metodología” adoptada para su desarrollo
Un grupo de diputados nacionales presentaron esta miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para tratar la modificación de la Ley de Glaciares.
La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo”, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien encabezó la iniciativa, señaló que “el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas”. Asimismo, advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.
Otra de los firmantes, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), dijo: “Se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes”.
“Se obligó a miles de personas que querían expresarse oralmente a reformular sus intervenciones, restringiendo su derecho a manifestarse a viva voz. Se ampararon en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de todo el país. De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, sentenció.
En su presentación, los diputados también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones.
Por estos motivos, solicitaron la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación.
Finalmente, se dejó planteada la reserva de acudir a la vía judicial en caso de persistir la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.
Además de Ferraro y Selva, acompañaron la acción: María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.