La iniciativa referida al Anses busca blindar ese fondo ante el pago de la Reparación Histórica, que tendrá que financiarse con recursos propios
El Senado sesionaba esta tarde para tratar un proyecto que busca defender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y otro para prorrogar hasta 2024 el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
El Senado Nacional debatirá en sesión especial, el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El expediente recibió dictamen hace más de diez días y fue incluido en la segunda parte de la sesión doble que el Senado comenzó ayer y continuará hoy, en la que tratan una decena de proyectos de ley.
Con el apoyo del bloque mayoritario del Frente de Todos, el oficialismo confía en aprobarlo sin modificaciones y convertirlo en ley, ya que la iniciativa cuenta con la media sanción de Diputados.
El proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Anses.
Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica, para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro nacional.
El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
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En otro orden también se debatirá el proyecto de ley que prorroga por otros cuatro años, hasta fines de 2023, el régimen que promueve la producción de biocombustibles.
La iniciativa será abordada por los legisladores en la segunda de las dos jornadas en las que la Cámara alta debatirá otras cuestiones que, por su importancia y extensión, debieron ser incluidas en un doble plenario.
El proyecto que será apoyado por todas las bancadas, como ocurrió durante la firma del dictamen, prorroga por cuatro años la Ley 26.093 que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.
El criterio de los legisladores que presentaron varios proyectos que fueron resumidos en el expediente que será debatido en sesión es que la iniciativa originalmente sancionada en 2006, así como la posterior extensión al bioetanol de caña de azúcar contemplado en la Ley 26.334, generaron importantes logros y beneficios.
Las iniciativas unificadas fueron presentadas por los oficialistas María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Sergio Leavy (Salta); y por los opositores Silvia Elías de Pérez (Tucumán) y Mario Fiad (Jujuy).
Durante la discusión en la comisión, el tiempo por el cual se establecía la prórroga de los beneficios y poromociones fue la principal diferencia entre los bloques.
En la sesión de la Comisión, los senadores acordaron un plazo de cuatro años para extender la medida frente a otro proyecto que proponía extenderlo por otros 15 años, y coincidieron en la necesidad de lograr una nueva ley integral de promoción de los biocombustibles en el país.
De hecho, durante el plenario, el presidente de la Comisión, el sanjuanino Rubén Uñac, anunció que el Poder Ejecutivo pedía una prórroga corta ya que se estaba trabajando en una reforma integral a la ley.
La norma atiende el reclamo de las productoras de biocombustibles pero cuenta con la oposición de las empresas petroleras dedicadas a la refinación de combustibles, tal como lo expresaron la Cámara de Industrias del Petróleo (CIP) y la Cámara Argentina de la Energía (Cade).
Ambas entidades que nuclean a las grandes petroleras advirtieron que «las consecuencias de la regulación en materia de biocombustibles impactarán indudablemente en otros segmentos de la industria entre los cuales se cuenta el desarrollo de la producción de petróleo en proyectos clave para el país, como lo es Vaca Muerta».