Un informe señaló que otros 234 candidatos denunciaron amenazas o agresiones
Una docena de candidatos para los comicios regionales y legislativas de junio fueron asesinados en México desde marzo, informó hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en otro eslabón de la violencia extrema que padece el país desde hace 15 años.
El organismo oficial, que presentó los primeros datos obtenidos gracias al plan de protección de candidatos y políticos durante el proceso electoral puesto en marcha por el Gobierno, agregó que además 234 han denunciado amenazas o agresiones, mientras que 65 tienen guardaespaldas federales o estatales.
De los 234 candidatos que denunciaron amenazas o agresiones, 133 son hombres y 101 mujeres, detalló el informe.
Además, a 113 candidatos se les concedió medidas de protección, mientras que a 109 solo se les da seguimiento y atención por posibles amenazas o violencia.
Pero en muchos casos, el sistema de protección del Estado falló.
Entre los asesinatos cometidos durante la campaña se destaca el del candidato a regidor independiente a Tecate, en Baja California, Luis Roberto Don Feliz y el aspirante a diputado local por el Partido Verde en Tamaulipas, Gerardo Rocha.
La Fiscalía ya ha emitido órdenes de detención contra los presuntos responsables de sus muertes.
De acuerdo a cifras oficiales, los pedidos de seguridad fueron en aumento conforme fue avanzando el proceso electoral, citaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.
«Tenemos la instrucción de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen de cuello blanco u organizado», ratificó un vocero de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés López Obrador.
«A los aspirantes les decimos que no están solos, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estamos trabajando en conjunto con gobiernos locales a favor de la seguridad», abundó.
A principios de marzo, cuando el Gobierno presentó su plan de seguridad, alertó que el crimen organizado «impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea» a candidatos electorales en nueve estados del país: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California, algo que ponía en peligro las elecciones.
El 6 de junio están en juego más de 21.000 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 15 cargos de gobernador, 1.063 en congresos locales, 17.000 en legislaturas municipales y más de 1.900 en Gobiernos de ciudades.
El plan del Gobierno, concebido para que los comicios se celebren de forma «limpia» y «libre», prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizar que no se produzca una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.