Las calles de Quito volvieron a ser este viernes campo de enfrentamientos entre policías y manifestantes, en su mayoría indígenas, que pretendieron llegar hasta la sede del parlamento para llevar su protesta contra las medidas de ajuste impuestas por el gobierno en acuerdo con el FMI.
Miles de indígenas que acampan desde hace más de una semana en el parque del Arbolito, reforzados con la llegada de manifestantes procedentes de la Amazonia ecuatoriana, marcharon hacia la zona de la Asamblea Nacional (parlamento), un área bajo medidas extraordinarias de seguridad decretadas por el «estado de excepción» declarado la semana pasada por el presidente Lenín Moreno.
Algunos manifestantes quisieron superar las vallas montadas por las fuerzas de seguridad para impedirles el paso, contexto en el que la policía disparó granadas de gas lacrimógeno para dispersarlos, de acuerdo con informes coincidentes de la prensa local.
El martes, un grupo de indígenas logró irrumpir en el salón principal de la sede parlamentaria y permaneció en el lugar durante unos minutos antes de retirarse, sin que se reportaran actos vandálicos en las instalaciones.
Desde el estallido del 1 de octubre, cinco personas murieron y al menos 800 resultaron detenidas en las múltiples protestas registradas en distintas ciudades del país contra la decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, lo que derivó en un fuerte aumento de los precios para los tipos de nafta de mayor consumo.
La gravedad de las protestas llevó a Moreno a declarar el estado de excepción e incluso a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, a unos 400 kilómetros al sur de Quito.
Las Naciones Unidas y la iglesia ecuatoriana se ofrecieron para mediar entre el gobierno y las comunidades indígenas para bajar las tensiones, pero hasta el momento las gestiones no han dado resultados.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que encabeza la reacción popular, exige para iniciar el diálogo la derogación de la medida que eliminó los subsidios a los combustibles, el cese completo de la represión y la renuncia de algunos funcionarios del gobierno.
Pese a los enfrentamientos con la policía, la mayoría de los manifestantes indígenas aclararon que no quieren entrar en peleas con las fuerzas de seguridad e hicieron gran parte de la marcha con las manos en alto. Otros en cambio, esgrimieron palos u otros objetos que pueden ser utilizados como armas.
Desde el 1 de octubre, cuando Moreno anunció sus medidas, indígenas, sindicatos y movimientos sociales llevan a cabo bloqueos de calles y autopistas que crean problemas al abastecimiento de distintas mercancías.
El presidente Moreno expresó que está dispuesto a dialogar, pero dejó en claro que bajo ningún concepto dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.