La alternativa del gobernador consta de un pedido de intervención a través de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, a cargo de María Victoria Stratta
Si el anuncio de intervención y estatización de Vicentin provocó una oleada de críticas al gobierno, no menores fueron los golpes que sufrió la gestión provincial del gobernador Omar Perotti, que desde el peronismo buscó acercar posiciones entre lo planteado por el Ejecutivo nacional y la zona núcleo que salió a protestar para repudiar la expropiación de la cerealera que nació hace 90 años en el norte santafesino.
Desde la gobernación santafesina no desconocen que la empresa hizo méritos en materia de irregularidades y dejó un colosal tendal de heridos en los últimos meses: además de no pagar su acreencias con los bancos nacionales y trasnacionales, dejó sin cobrar a más de 2.600 productores de la zona, que entregaron sus producciones cerealeras a cambio de un pago que nunca llegó y ahora deben sumarse a la larga cola de cobradores que generó la compañía que administraban Gustavo Nardelli y Alberto Padoán y ahora fue intervenida por el Estado.
Pese a la deuda de más de 100 mil millones de pesos que derivó en el concurso de acreedores y las cuentas off shore que habrían servido para hacer una triangulación de rentabilidades, Perotti considera que aún se debe buscar una solución intermedia y no hace falta hablar de expropiaciones, por lo que presentó una «propuesta superadora» para intervenir la empresa por vía judicial -y no a través del Poder Ejecutivo-.
En consonancia con el Presidente, el gobernador consideró fundamental sacar a la actual administración de la empresa que cometió muchas irregularidades en los años de gobierno de Mauricio Macri.
La iniciativa de Perotti constó de un pedido de intervención a través de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, a cargo de María Victoria Stratta, para que la empresa sea intervenida por dos personas del gobierno nacional y una del gobierno provincial.
En esa propuesta se trabajó el martes en una reunión del gobernador con las cooperativas santafesinas Agricultores Federados Argentinos (AFA) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), cuya importancia es fundamental porque de cara al futuro está en duda la capacidad de Vicentin de generar confianza para que le vuelvan a vender granos y, de esa manera, volver a producir para pagar las acreencias y funcionar regularmente.
En la misma línea que Perotti, aunque procurando no expresarse en público, se encuentra el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que se movió de entrada con una agenda propia y estableció reuniones por Zoom con 38 entidades del sector agroindustrial.
Por lo pronto, y es un hecho que desde el lavagnismo ya definen como una «marca personal» de Massa en la conducción de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Fernández Sagasti que el Presidente anunció con apuro y todavía no se conoce, tal como sucedió con el proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que el 14 de abril Carlos Heller dijo que estaba listo para ser enviado al Congreso.
Si bien la solución intermedia parece haber aparecido, abogados que intervienen en la trama consideraron que el juez admitirá a la conducción que propone Perotti pero no correrá de lugar a Nardelli y Padoán, que probablemente presentarán un recurso de amparo en la Justicia.
Si no avanza la idea de Perotti, el Presidente ya avisó que deberá seguir con el intento de expropiación con una ley del Congreso.
Por ahora, ninguna propuesta deja adentro de la conducción a la familia Vicentin, por lo que cualquiera de estos avances tendrá su correlato en los tribunales.