En las últimas horas se escucharon reacciones de todo tipo por parte de funcionarios, representantes del ámbito judicial y de toda la sociedad
Úrsula Bahillo, Ivana Módica y Guadalupe Curual vivieron en puntos muy distantes del país y no se conocieron, pero tuvieron en común que padecieron violencia por parte de sus exparejas, que realizaron denuncias ante la Justicia o la Policía y que sus reclamos no fueron escuchados hasta que finalmente fueron víctimas de femicidios, lo que motivó críticas desde todos los ámbitos respecto a las medidas restrictivas contra los agresores.
Estos casos son casi un espejo del de Fátima Acevedo (25), ocurrido hace un año en Paraná, que reflejó un sinnúmero de errores de quienes debían protegerla: una joven entrerriana que fue estrangulada y arrojada a un aljibe tras denunciar seis veces a su exnovio y cuyo femicidio fue sometido a un juicio por jurados que finalizó ayer y que declaró culpable al acusado.
En las últimas horas se escucharon reacciones de todo tipo por parte de funcionarios, representantes del ámbito judicial y de toda la sociedad.
Una de ellas fue la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien dijo el jueves último que «las medidas de restricción no detienen al agresor» en los casos de femicidio y consideró que «el problema está en la Justicia», que -sostuvo- tendría que «actuar más rápido».
«Estamos viendo que las medidas disponibles son poco eficientes, las medidas de restricción no detienen al agresor», afirmó.
La seguidilla de casos en febrero comenzó el lunes 8 cerca de las 20.30, cuando Úrsula Bahillo (18) fue encontrada asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó al sospechoso.
El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del detenido, quien refirió que creía que su sobrino, un policía llamado Matías Ezequiel Martínez (25), había matado a una joven porque le confesó en un llamado que «se había mandado una cagada».
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto.
Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.
Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.
Al respecto, el fiscal de la causa, Sergio Terrón, reconoció que el Estado falló ante el caso: «Evidentemente funcionó mal porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada».
El funcionario judicial consideró que «faltan más herramientas» porque «si no, no habría tantos femicidios» y pidió cambios legislativos, ya que a la vista de lo ocurrido «los perímetros y botones antipánico no sirven, son medidas simbólicas, medidas que quedan a criterio de la persona a la que se le imponen si quiere cumplir o no».
Tras el crimen y cuando ya estaba detenido, el femicida Martínez fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja,
El segundo caso fue el de Ivana Módica (47): La mujer estuvo desaparecida desde el jueves 11 de febrero y su cadáver estrangulado fue encontrado ocho días después en adyacencias del Camino del Cuadrado de Córdoba, luego de que su pareja, un integrante de la Fuerza Aérea que ya estaba detenido, confesara ser el autor del femicidio e indicara el lugar del hallazgo.
La fiscal de Instrucción de Cosquín, Jorgelina Gómez, imputó a Javier Galván (37) por el delito de «homicidio calificado por el vinculo y por violencia de género».
La detención de Galván se registró cuatro días después de la desaparición a partir de las «contradicciones» detectadas en su declaración testimonial y por «violar la orden de distanciamiento» que se le impuso meses atrás, luego de una denuncia que había realizado Módica por violencia de género.
La fiscal Gómez confirmó que la causa de muerte de Ivana fue «asfixia mecánica por estrangulamiento».
El último de los casos en el que la víctima había denunciado al femicida fue el de Guadalupe Curual (21), atacada la noche del martes 23 de febrero en pleno centro Villa La Angostura, en Neuquén.
Bautista Quintriqueo (32) tenía una restricción de acercamiento a la joven, a quien amenazaba permanentemente mediante mensajes y llamadas telefónicas que se incrementaron en las 48 horas previas al asesinato.
El episodio ocurrió cerca de las 21.30 de anoche sobre la avenida Arrayanes a metros del boulevard Nahuel Huapi, pleno centro de la villa y en momentos en que decenas de turistas paseaban por el lugar.
Los investigadores policiales y judiciales explicaron que todo comenzó cuando Curual llegó hasta allí a bordo de un auto junto a su nuevo novio y a su beba para retirar dinero de un cajero automático y cuando regresaba fue abordada por Quintriqueo, explicó a Télam el jefe policial de Junín de los Andes, comisario Daniel Castillo.
Aparentemente, ante esa situación, el nuevo novio de Guadalupe salió en su defensa y fue herido en el rostro por el agresor.
Según Castillo, «la joven salió corriendo y el hombre la persiguió hasta que la alcanzó en el cruce de Arrayanes y Nahuel Huapi, frente a la estación de servicio ACA, donde la atacó y la mató».
El acusado, quien intentó ahorcarse en el hospital en el que estaba internado tras provocarse unas heridas cortantes antes de ser detenido, será imputado por «homicidio calificado por femicidio».