Una diputada nacional presentó un proyecto para que se suspenda el uso de las armas fuera del horario laboral
Uno de cada cinco femicidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y es en ese marco en el que una diputada nacional presentó un proyecto para que se suspenda el uso de las armas fuera del horario laboral. La suspensión del uso de las armas sería para aquellos integrantes de las fuerzas que tengan denuncias por violencia de género.
El proyecto de ley para la suspensión preventiva del ejercicio del derecho de portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar fue presentado por la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Gisela Marziotta. El objetivo del proyecto es resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes.
Según datos del Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) sólo en febrero de este año el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad (un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero, que fue del 12%).
«Los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad no sólo son parte de una cultura institucional marcadamente patriarcal y propensa a la violencia, sino que su posición como agentes del aparato represivo pone a las víctimas en un lugar de especial vulnerabilidad», fundamentó la diputada Marziotta al presentar el proyecto de ley. Y agregó: «Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías. La portación del arma reglamentaria las 24 horas -amparada en el llamado ‘estado policial’- pone en riesgo a las mujeres y otras personas que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista o intrafamiliar, el arma puede ser utilizada para hostigar, amenazar, herir o matar».
El proyecto presentado contempla la idea de que el efectivo denunciado o imputado deberá retirar el arma al comenzar la jornada de trabajo en la dependencia a la que se encuentre adscrito y entregarla al terminar la jornada. Y en los casos en los que la denuncia sea por abuso sexual o tentativa, lesiones graves, intento de femicidio o de reincidencia, el proyecto contempla que se requiera la suspensión total del derecho a la portación del arma.
También se contempla que en los casos en que la situación operacional o el cumplimiento de servicios del personal denunciado no permita cumplir con el retiro y entrega del arma en los términos establecidos, se deberá suspender totalmente la portación, tenencia, transporte y uso del arma.
En uno de los artículos del proyecto, se remarca que «la máxima autoridad de la fuerza deberá arbitrar los medios para que le sean asignadas tareas administrativas al efectivo que no requieran de la portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación». Y además de indica que en ningún caso «esta medida afectará por sí misma otros derechos laborales, la situación salarial, previsional y/o administrativa del efectivo durante la duración de la medida».