Irene Cuevas tiene 18 años y mantiene hace años una lucha contra la Administración Provincial de Seguro de Salud de Córdoba
Irene Cuevas, de 18 años, tiene discapacidad motriz y mantiene desde hace años una lucha legal contra la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), de la provincia de Córdoba, que se intensificó durante la pandemia debido a que la prestadora de salud no le provee los recursos que necesita para continuar con sus estudios.
«La escolaridad de este año para Irene fue muy tortuosa porque se le rompió la notebook la cual no quisieron renovarle y estuvo meses sin poder hacer tareas, muy angustiada porque no avanzaba al ritmo que el colegio le exigía», relató Alicia Maurelli, mamá de la joven, y añadió: «Está muy enojada y dolorida porque su silla de ruedas (que tiene desde el 2013) la lastima en la cintura y en las axilas debido a que es muy chica».
«Mi hija necesita equipo para pararse, un entrenador de marcha, un corsé ortopédico, cuellos que sostienen su cabeza para poder alimentarse sin ahogarse o broncoaspirarse, y otras cosas que van surgiendo al no ser correctamente tratada», detalló Alicia.
A la vez que. agregó. su hija necesita dispositivos para comunicarse porque «no verbaliza, entonces requiere de dispositivos especiales para realizar sus tareas, y debido a su muy baja visión, las pantallas deben ser grandes y digitales, por su dificultad motriz e hipoacúsica».
La joven se encuentra cursando el cuarto año del colegio secundario en la Escuela Normal Superior Alta Gracia y milita en la organización META, que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, y recién tras cumplir 18 años -el pasado 4 de diciembre-, decidió comenzar a visibilizar su problemática; a punto tal que grabó un video dirigido al presidente Alberto Fernández.
«Las personas con discapacidad tenemos muchas barreras y estamos ninguneados en los espacios de decisiones, por eso esta instancia es importante», dijo Irene en su disertación en el Encuentro Federal de Participación Estudiantil, donde afirmó: «Desde siempre, el Estado tiene una gran deuda con las personas con discapacidad».
Desde hace años, la familia mantiene una batalla legal con la prestadora por la salud y educación de la joven, y aunque entre 2011 y 2013, Apross cubrió los requerimientos necesarios para el tratamiento de Irene; en el 2014 comenzó a negar prestaciones que venía cumpliendo, situación que complicó la salud y la educación de la joven. «Irene requiere de muchos profesionales porque su multidiscapacidad hace necesario que muchas especialidades intervengan», indicó Alicia.
Incluso, el caso de Irene llegó hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar ordenando al Apross cumplir con la prestación en el año 2016, pero «ese fallo quedó en la nada», aseguró Alicia.
En tanto, la obra social cordobesa ha rechazado todo lo que ha podido y, desde hace un año y medio, «todos los requerimientos que necesita Irene, fueron negados totalmente». «Estamos muy endeudadas, mi hija no tiene ninguna de las terapias psicológicas que necesita, las he recortado porque no las puedo afrontar económicamente; no tiene maestros presenciales ni el equipo para asistirla en la escuela, solo pude conseguir para pagar dos maestras que hagan las adaptaciones curriculares pero para la concreción de las tareas tengo que asistirla yo», concluyó Alicia.