El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el representante del Ministerio Publico Fiscal, Matías Felipe Di Lello
La Justicia Federal otorgó una medida cautelar para la protección ambiental que le exige al municipio bonaerense de San Nicolás que elimine las «conexiones ilegales» de vertido de líquidos residuales hogareños e industriales al río Paraná y que ponga en condiciones las plantas de tratamientos cloacales de esa ciudad con los permisos ambientales exigidos en la legislación, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el representante del Ministerio Publico Fiscal, Matías Felipe Di Lello, en la que pidió regularizar el funcionamiento de las plantas de tratamientos de efluentes cloacales de esta ciudad que, según consta en el material probatorio de la causa, se encuentran en «mal estado de conservación y mantenimiento», además de no tener los permisos ambientales para operar.
A su vez, durante la investigación se detectaron «conexiones ilegales» en los desagües de dichas plantas, esto es caños que desviaban el líquido para eludir su tratamiento y volcarlos al río Paraná.
En ese sentido, la cautelar exige que se desconecten «de forma inmediata» esos tubos, como así también se determine la procedencia de los dos conductos municipales detectados en las cercanías de la Central Térmica AES y que también sean bloqueados.
La medida contempla además, que se dé intervención a los organismos estatales que poseen una «obligación funcional» con las cuestiones investigadas como son el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.
Todo ello a los fines de que «se constituyan en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de zona Sur y Norte de esta ciudad, efectúen una inspección integral a efectos de constatar el estado actual de las mismas», especifica el documento.
A su vez, impone el plazo de 30 días hábiles para que presenten los correspondientes informes técnicos, «señalando cuáles serían las medidas estructurales que se deberían realizar para que las mismas operen correctamente de conformidad con los lineamientos establecidos por la ley de Política Ambiental Nacional Nro. 25.675».
En la causa que tramita en el Juzgado Federal Nro. 2 de San Nicolás, también se solicitó que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti y el presidente del Ente del Agua local, Federico Nicolás Agudo, sean indagados bajo la presunción de ser coautores de los delitos de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar el río Paraná con vertidos cloacales y el de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El pedido de indagatoria, solicitado por el fiscal Di Lello, está basado principalmente en que considera que «existen elementos de prueba suficientes para sospechar, que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal».
La problemática de contaminación ambiental por vertidos ilegales de residuos considerados «peligrosos» al río Paraná llegó al Concejo Deliberante de San Nicolás, pero los concejales rechazaron su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo que responde al intendente Manuel Passaglia cuenta con una amplia mayoría.
«En los últimos días hemos reclamado al Concejo que le de tratamiento a la cuestión y convoque a una sesión a las ONG que trabajamos en estos temas para explicarle a la ciudadanía cuál es el grave escenario de contaminación y cuál es la solución que proponemos», señaló a Télam el abogado de la asociación civil «Foro Medio Ambiental», Fabian Maggi, quien denunció en 2020 el vuelco de efluentes cloacales sin el adecuado tratamiento en el frente costero nicoleño.
«Lamentablemente en la última sesión se votó en contra de que se nos permita hablar y creemos que es una falta absoluta de responsabilidad de los ediles intervinientes», remarcó Maggi y en ese sentido, que «los políticos locales privilegian cuestiones electorales por sobre la salud pública de los ciudadanos».