Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
Antes de mayo, ese es el límite que tiene en la cabeza Martín Guzmán. Antes de mayo tendrá que cerrase un acuerdo con el FMI por la deuda defaulteada por el gobierno de Mauricio Macri. La fecha no es caprichosa. En mayo se cumple un año del pedido formal del gobierno argentino al Club de París en el que se solicitó posponer por doce meses el pago de U$S2.100 millones que vencían en ese momento.
El 13 de marzo de 2020, el ministro Martín Guzmán giró una carta a los miembros del Club de París se expresaba la decisión del Estado Argentino de postergar hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento que se avecinaba para el 5 de mayo. Posteriormente, el 7 de abril del año pasado, Guzmán elevó una propuesta (y leo textual) “para modificar los términos existentes de dicho acuerdo alcanzado en 2014, buscando mayormente una extensión de los vencimientos y una significativa reducción de la tasa de interés”. Finalmente y en un documento girado en la mañana del 15 de mayo de 2020 se informaba de la situación a la Comisión de Valores de los EEUU.
Cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo permitirá sentarse a negociar rápidamente con el Club de Paris un arreglo que permita reencauzar la situación financiera del Estado Argentino. Recordemos que los pagos al organismo están suspendidos desde 2019, lo que produce que crezca no sólo la deuda de capital sino que los intereses corren. Cerrar exitosamente ambas negociaciones es de vital importancia para el equipo económico, ya que una reprogramación de los créditos le permitiría a la Argentina liberarse de los dos compromisos más grandes de 2021, que suman entre los dos organismos algo más de U$S6.000 millones.
Hoy todas las energías están focalizadas en cerrar con el Fondo. A comienzos de ésta semana se filtraron algunas de las metas del equipo económico. En principio se busca posponer algunos vencimientos inmediatos para disponer de dólares, sin embargo, el punto central se vincula con el plazo de pago. Los programas de Facilidades Extendidas contemplan un período de pago de entre 7 y 10 años.
El gobierno argentino busca duplicar ese período, de modo de ampliar el plazo de devolución a 15 o incluso 20 años. Claro, como contracara, la Argentina deberá mostrar que avanza en un sendero de consolidación fiscal y monetaria, y cumplir con las metas cambiarias e inflacionarias pactadas con el organismo.
Alejandro Werner, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, sostuvo que la propuesta bosquejada por el Ministro Guzmán es “ambiciosa pero posible”. Sin bien consideró que el intento de cerrar un acuerdo antes de mayo demandará de un trabajo extenuante, se mostró optimista y afirmó que el organismo está trabajando en muy buena sintonía con el equipo negociador de la Argentina.
Paralelamente, el FMI continúa con su revisión del caso argentino. Los rumores internos hablan (algunos dicen que gritan) del fracaso estrepitoso de las gestiones, tanto de Christine Lagarde, como del equipo de funcionarios técnicos, a la hora de gestionar el préstamo otorgado en 2018. Recordemos que el Argentina affaire le costó el puesto a la directora gerente, al representante de los EEUU, David Lipton, y al jefe de la misión en el país, Roberto Cardarelli. Sin embargo, la revisión no se limitó a un cambio de caras. El organismo cuenta con la Oficina de Evaluación Independiente, que se ocupa de auditar las decisiones del directorio. Algunos meses atrás la oficina consideró que el staff técnico del Fondo no había advertido lo suficiente a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri acerca de los riesgos que implicaba levantar rápidamente los controles de capitales, como fue el caso del cepo cambiario y el ingreso y salida de divisas. Algunas preguntas surgen inmediatamente: ¿cuánto hubiera sido suficiente advertencia? ¿Es realmente necesario advertir a los funcionarios del área económica de un país sobre algo tan evidente? ¿Cuando los “errores” son tan flagrantes, no es posible sospechar complicidad? Bien, son preguntas que quedan flotando, y que seguramente no tendrán respuesta, pero que indudablemente exponen las fallas en la gestión de riesgos del Fondo.
En los últimos tiempos el caso argentino vuelve a ser noticia. La Oficina incluyó como uno de los temas prioritarios de su agenda 2021 una revisión de la política de acceso excepcional a fondos del organismo, que fue precisamente la que permitió multiplicar el monto del crédito que inicialmente le hubiera correspondido a la Argentina en función de su cuota parte. Algunos ponen su esperanza en que, ante la evidencia del desastre, el FMI acepte negociar condiciones excepcionales que le permitan enmendar su “entre paréntesis”, inmenso error.