El profesional pidió hasta 69.000 pesos por una transfusión de sangre, pero no pudo concretar ninguna comercialización
La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Salta ordenó la citación a audiencia para el lunes próximo, a un médico (Martín D.L.A) que será imputado por tentativa de fraude a la administración pública en perjuicio del Estado provincial, tras haber intentado cobrar la transfusión de plasma a pacientes con coronavirus.
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que el profesional será imputado el lunes 5 de octubre, por fraude a la administración pública en dos hechos, en grado de tentativa, en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial.
En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las que se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y la documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.
El profesional es socio gerente de una empresa habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario y prestador de la obra social Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPS), del estado provincial.
En ese marco, había solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC-plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada por el IPS, debido a que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; y posteriormente solicitó, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $30.000 a los pacientes.
Esta nota fue enviada aun cuando el médico que la firmó sabía que, al no haber una resolución al respecto, no se estaba cobrando la entrega de las unidades de plasma y que, por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia provincial hacía esto de manera gratuita a los hospitales y clínicas.
En el decreto consta además que el profesional no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el IPS rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4.607,88.
La Fiscalía consideró que, en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo.
La investigación penal de oficio inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis por la publicación por redes sociales que daba cuenta del supuesto cobro de $30.000 por la transfusión de plasma. a pacientes con coronavirus.
Los voceros señalaron que también se verificó que la persona en cuestión se desempeñó como director del Centro de Hemoterapia Regional, y que su renuncia al cargo de profesional asistente fue aceptada el 15 de febrero de 2020.
Por las declaraciones testimoniales se pudo esclarecer que el proceso de extracción de plasma y el análisis del producto está a cargo del Centro de Hemoterapia; y que la trasfusión está a cargo de empresas públicas o privadas con categoría de servicio de Transfusión hospitalaria.
Si bien se hizo el estudio de costo por este servicio, nunca se terminó de aprobar por resolución ministerial, por lo que siempre se entregó dicho plasma de convaleciente Covid-19 sin ningún costo, sumado a que se trata de un tratamiento experimental.
De la investigación surgió que, a la fecha, se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia -públicos o privados- y en forma gratuita.