La niña de once años que estaba embarazada como consecuencia de haber sido violada por la pareja de su abuela fue obligada a practicarse una cesárea en el Hospital del Este «Eva Perón», de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí. La intervención fue realizada sin consentimiento ya que tanto la menor como su madre habían solicitado Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La operación, según informaron medios locales, se realizó anoche y la menor se encontraba fuera de peligro, mientras que el bebé nació con 600 gramos y se encontraba en la sala de neanotología del centro asistencial en estado delicado.
Según el sitio «Tucumán a las 7», el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) había ordenado a las autoridades del hospital que se realice el procedimiento en función de «salvar las dos vidas».
El embarazo de la menor se había conocido hace dos meses en un centro de atención primaria de la salud del Este en Tucumán, cuando llevaba 16 semanas de gestación. La víctima había acudido al establecimiento sanitario por dolores de panza y allí reveló que fue violada por la pareja de su abuela.
La madre de la niña hizo la denuncia y el sospechoso fue aprehendido en virtud de una orden de María del Carmen Reuter, fiscal de Instrucción en lo Penal de la capital tucumana.
La abogada Soledad Deza, de la entidad Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, advirtió que en el caso de la niña «hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos.
«El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña», advirtió la letrada en declaraciones al portal del diario Página 12.
Por su parte, la abogada Florencia Vallino, de la organización de derechos humanos Andhes, que representa a la familia de la niña, denunció en el mismo medio «la serie de vulneraciones de derechos» que sufrió la misma.
Esa acción, según Vallino, implicó «dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo».