El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará mañana por primera vez desde que asumió al estado de California -al que demandó hace una semana- con el objetivo central de evaluar en persona ocho prototipos de muro fronterizo que pretende levantar entre su país y México, un conflicto clave de su política migratoria.
El mandatario republicano aterrizará mañana en la base aérea de Miramar y desde allí se desplazará a la zona fronteriza de Otay, cerca de San Diego, donde están los prototipos.
Se trata de pruebas de las polémicas paredes divisorias para comprobar si pueden ser escaladas, si se puede excavar debajo de ellas o si son resistentes a intentos para derribarlos. Luego de una inspección, Trump tendrá la última palabra.
Pero nada es tan fácil. Hoy ya estaban convocadas varias protestas en San Diego contra el muro y la política migratoria del republicano, que ya se convirtió en el presidente que más tiempo tardó en visitar California desde su investidura.
De hecho, como un signo de su estilo, Trump acaba de anunciar su eslogan de campaña para 2020: «Mantén a Estados Unidos grande», pero las tensiones con México y con California y el tema del muro agitan a su base política.
Trump llegará mañana a un estado que es «bastión» demócrata. Pero, además, es el más poblado del país y una potencia económica dentro de Estados Unidos. A tal punto que, apenas ganó Trump, hubo una fuerte campaña llamada «Calexit», que planteaba la independencia del resto del país.
Además, la población hispana es muy fuerte. De sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones son latinos, cerca del 39% y, según estima las autoridades, viven 2,3 millones de indocumentados.
A este panorama adverso para el presidente que tiene como eje de su política migratoria echar a los indocumentados y no permitir la entrada de extranjeros de determinados países, se suman dos tensiones más.
Por un lado, con las autoridades estatales a las que Trump demandó hace una semana por haberse convertido en «santuario» para indocumentados.
California es considerado un «estado santuario» que pone en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
El pasado 6 de marzo, después de casi un año de amenazas, Trump hizo su movimiento más agresivo y demandó a California por sus políticas de protección migratorias. Tanto el gobernador, Edmund G. Brown, como el procurador general, Xavier Becerra, incluidos en la demanda, lo condenaron con dureza por falta de mérito.
La otra tensión sigue siendo con México, que se agudizó tras las revelaciones sobre una reciente conversación con el presidente Enrique Peña Nieto sobre el muro.
En un acto en Pensilvania, Trump contó detalles de una llamada que mantuvo el mes pasado con Peña Nieto. Y si bien la charla era para fijar una visita del mexicano a Washington, el tema del pago del muro divisorio rompió la tensa calma.
Trump, ante una multitud enfervorizada que le pedía levantar el muro, dijo: “Peña Nieto, que es realmente un buen tipo, me dijo: ‘Señor presidente, me gustaría que declare que México no pagará por el muro’. Y yo le dije: ¿Estás loco? No haré una declaración de ese tipo”.
A Trump lo esperan ocho prototipos -cuatro de hormigón y cuatro de otros materiales- construidos por seis empresas estadounidenses en el área fronteriza de San Diego y que tuvieron un costo de 20 millones de dólares.
Allí decidirá su mejor opción para cerrar la frontera con México, una idea que costará 21.000 millones de dólares y que no tiene la aprobación del Congreso. Son 3.144 kilómetros que empiezan en la localidad texana de Brownsville y terminan en el Océano Pacífico.
Si bien la construcción del muro es una obsesión de Trump desde sus épocas de campaña, fue el demócrata Bill Clinton (1993-2001) quien comenzó a sellar la frontera. Actualmente hay unos 1.130 kilómetros cerrados con, entre otras cosas, verjas y vallas de metal como la de Otay, que, oxidada y con pintadas en el lado mexicano, no alcanza los tres metros de altura, un lugar que la gente conoce como «la línea».