"Está claro el hecho que denuncia la víctima y están claras las lesiones relacionadas con un abuso sexual", indicó el juez de la causa
La justicia rionegrina imputó a tres policías por el delito de «abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad», luego de que los agentes fueran denunciados por una joven durante el fin de semana en Allen, informó el Ministerio Público Fiscal de esa provincia.
«Estamos ante un claro caso de violencia de género que debe ser analizado en el marco de la Ley 26.485 y la Convención Belém Do Para, donde el Estado tiene el deber que proteger a la víctima, no solo física, sino también psicológicamente», expresó la fiscal Teresa Giuffrida quien también solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para los imputados.
El juez de Garantías Julio Martínez Vivot, dijo que «a menos de 48 horas de ocurrido el hecho, hay elementos suficientes para dar por formulados los cargos». «Está claro el hecho que denuncia la víctima y están claras las lesiones relacionadas con un abuso sexual», indicó el juez.
Asimismo, valoró la actitud de la mujer que «activó inmediatamente la denuncia y permitió la intervención judicial para los primeros exámenes forenses y de la Oficina de Atención a la Víctima». Martínez Vivot avaló la prisión preventiva «porque el delito que se investiga tendría, en caso de demostrarse, una pena mínima de 8 años de prisión efectiva».
La declaración de la víctima, «será una prueba fundamental el día del juicio, si no garantizamos su resguardo la señora no va a poder gozar de la libertad necesaria para declarar», remarcó. A su vez, la fiscal aseguró que «el hecho existió, los imputados están siendo investigados por el delito mencionado, además se da el peligro procesal de entorpecimiento de investigación que justifica el dictado de la preventiva».
«Tengo presente la declaración de la víctima, tengo en cuenta que para concretar el hecho se usó un arma, como también la presencia de las tres personas, una de ellas con un arma», remarcó la fiscal. «Todo esto influye en el estado de vulnerabilidad de la joven, tal lo establecido por las especialistas de la Oficina de Atención a la Víctima», argumentó Giuffrida. «Es un hecho grave, que merece una investigación exhaustiva, entre ellos se deben concretar variados análisis, hay que peritar los celulares que fueron secuestrados», concluyó.