Mediante el mecanismo de juicio abreviado obtuvo una pena leve y evitó la cárcel. El ex magistrado en lo Comercial Roberto Herrera había sido destituido en 2010
Un ex juez que intervino en el proceso de quiebra del club Ferro Carril Oeste fue condenado a sólo tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de “cohecho calificado en grado de tentativa, negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito”.
Se trata de Rodolfo Herrera, ex juez en lo Comercial, destituido del cargo en 2010 a partir de los hechos que damnificaron al club de Caballito. Mediante el mecanismo de juicio abreviado, la jueza del Tribunal Oral número 15 Virginia Sansone homologó el acuerdo al que llegaron la defensora oficial del ex juez, Norma Bouyssou, y el fiscal Ignacio Mahiques.
Herrera era el único caso pendiente de una docena de imputados para quienes en setiembre de 2012, el fiscal de instrucción Marcelo Munilla Lacasa había pedido el juicio oral. Todos solucionaron sus situaciones mediante los mecanismos de la probation (suspensión del juicio a cambio de la realización de tareas de utilidad para la comunidad) o de la conciliación (reparación del daño mediante el pago de una suma de dinero).
Entre ellos figuraban el empresario futbolístico Gustavo Mascardi, el socio del club y agente inmobiliario Aleardo Etcheverri, los ex integrantes del órgano fiduciario, un ex integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA y directivos de la empresa de medicina privada Swiss Medical.
En la causa se investigaron supuestas maniobras irregulares vinculadas con el gerenciamiento del fútbol y otras actividades sociales y deportivas de Ferro y un emprendimiento comercial en tierras del club. El ex juez Herrera quedó expuesto cuando sus actividades fueron detectadas a través de una cámara oculta realizada por un programa de TV.
Según el fallo, Herrera fue condenado por “haber abusado de sus atribuciones funcionales al inmiscuirse personalmente en la administración de Ferro, en cuyas contrataciones se interesó directamente, desplazando en los hechos al órgano fiduciario encargado de la administración, cuyos integrantes designó entre personas de su confianza, con el propósito de obtener -para sí y para terceros- un beneficio patrimonial ilegítimo, cuyo alcance no ha podido determinarse”.
Entre esas actividades figuraba la tercerización de las actividades principales del club –entre ellas el fútbol profesional-, el direccionamiento de un proyecto inmobiliario en terrenos de la institución y la venta de dos futbolistas, Cristian Tula y Eugenio Klein, “al Club Atlético River Plate, perjudicando a la entidad y a sus acreedores”.
Herrera no irá a prisión y sólo deberá observar durante el lapso de su condena reglas de conducta como fijar domicilio y someterse a un control periódico de las autoridades judiciales.