Así lo destacó el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Desde 2009 se dictaron 334 sentencias por trata de personas con fines de explotación sexual y 509 personas fueron condenadas, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, al conmemorarse hoy el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
El delito de trata de personas se incorporó al ordenamiento jurídico argentino luego de la sanción de la Ley 26.364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas» en 2008, al año siguiente se dictó la primer sentencia, y en 2012 fue reformada mediante la Ley 26.842.
De las 334 sentencias dictadas en los últimos doce años, 249 resoluciones fueron condenatorias por el tipo penal de trata y otras 47 por crímenes conexos.
Las cifras, según se informó, corresponden al relevamiento que mantiene actualizado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
Otros datos relevantes tienen relación con las personas condenadas en esos procesos: de un total de 509, 314 eran varones; 192, mujeres; y tres, trans.
De todas las personas condenadas, sólo ocho eran funcionarios públicos.
En relación a las víctimas, el 98 por ciento de las personas damnificadas fueron mujeres, es decir, 881; y al menos 124 eran menores de edad, esto es un 14,1 por ciento del total de mujeres.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue propuesto en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
El 23 de septiembre fue elegido porque ese día de 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la Ley 9.143, un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, que se convirtió en la primera ley en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a menores de edad frente a ese delito.
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