Tal como estaba previsto, el conductor televisivo declara durante la mañana en la causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica
El conductor de televisión Marcelo «Teto» Medina y otros detenidos de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» fueron trasladados la mañana de este viernes desde la comisaría 1 de Berazategui rumbo a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, de esa localidad bonaerense, para ser indagados en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento de rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.
Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y este viernes a las 7.30 algunos de ellos fueron trasladados en móviles policiales hasta la fiscalía que conduce Daniel Ichazo para prestar declaración.
Uno de los trasladados fue el ex integrante del programa VideoMatch, que pasó la noche en la comisaría 1 de Berazategui donde ingresó el jueves a las 15 tras ser detenido por la mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo.
Su abogado Adrián Tenca rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque “es absolutamente inocente».
«Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización», dijo Tenca el jueves a la prensa.
Agregó además que Medina «tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno».
También Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir», dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes en recuperación de adicciones «es absolutamente descabellada».
Biondi dijo que este viernes analizaría el expediente para diagramar la defensa de su cliente, que al igual que Medina pasó la noche detenido en la comisaría 1 de Berazategui.
«Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido», sostuvo el abogado a la prensa.
LOS ROLES QUE CUMPLÍAN LOS DETENIDOS EN LA CAUSA LA RAZÓN DE VIVIR
El mediático Marcelo «Teto» Medina cumplía el rol de ser «la cara visible y pública» de la organización La Razón de Vivir, la cual contaba con distintos roles y tareas específicas, según la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal.
La denuncia precisa que en el rol de director general, Néstor Ezequiel Zelaya, se encargaba de «coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación. Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos», entre otras tareas.
Además, se lo acusa de elaborar «los discursos con promesas falsas que debían transmitirse para captar víctimas; evitaba que los pacientes tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en peligro la continuidad de la actividad. Por último, determinaba cuándo podían egresar las víctimas de forma definitiva».
Según esta acusación, la organización contaba con tres quintas y cada una tenía un director.
Eduardo Humberto Zelaya dirigía la quinta 1; Mariano Jorge Torchia, la quinta 2 y Jorge Alberto Basilico, la quinta 3.
De acuerdo a la denuncia, la tarea en este caso consistía en «ejecutar las órdenes del director general; controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles; controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para evitar que soliciten su externación; evitar que las víctimas comunicaran a sus familias las condiciones de su servidumbre y trabajo forzoso, capturar nuevamente a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica y en secreto mezclándolos con sus bebidas, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas».
En cuanto a la administración, era supuestamente ejercida por Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, y consistía «en realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización».
En tanto, quienes desempeñaban la tarea de operadores-coordinadores eran Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón.
Ellos, se afirma en la denuncia, «ejecutaban las disposiciones de los directores; se aseguraban la presencia de uno de ellos todos los días a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiaban el acopio de medicamentos; controlaban las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias; ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas sobre la servidumbre para luego reprimirlos públicamente o castigarlos; controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas».
La tarea de cobertura mediática y en redes sociales que era ejercida por Marcelo José «Teto» Medina, «el cual era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación».
También lo acusan de «mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre».
La cobertura policial, en tanto, habría sido ejercida por Tatiana Lorena Lanza, «quien se valía de su condición de personal policial de la provincia de Buenos Aires del partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos».
El rol de sostener la promesa falsa de tratamiento psicológico habría sido llevado adelante por Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes «ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas».
Y por último, el rol de captación de víctimas era supuestamente llevado a cabo por Sonia Elizabeth Córdoba, «quien contactaba posibles víctimas por distintos medios».
La voz de los familiares
«Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, como hacen en otros lados, acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, tienen terapia con psicóloga y psiquiatra y la contención de sus mismos compañeros», dijo a Télam Mercedes, la madre de un joven internado en el lugar.
La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad La Razón de Vivir, en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecieron durante la mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.
El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas.
El barrio, llamado San Rudesindo, cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.
Vecinos del lugar comentaron a Télam que «el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos».
Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados el jueves.
Las familias se manifestaron durante la mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para «impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar» y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.
En medio de gritos de familiares y pedidos de ayuda para que habiliten en lugar, el fiscal Ichazo salió a la puerta de la comunidad para solicitar a los presentes que los deje trabajar y confirmarles que dejarán pasar a familiares para que se encuentren con los jóvenes.
Ichazo confirmó que las detenciones de 17 personas «comenzó con la denuncia de exinternados y fue corroborada con escuchas telefónicas».
«La investigación comenzó por denuncias de las propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 personas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada, que se le daba a algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que les hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota», explicó el fiscal.
Mercedes, cuyo hijo estaba internado allí, comentó a Télam que cuando lo visitaba él le decía que no se quería ir de allí, «que de esto salen todos juntos y que lo tratan bien».
«Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá», agregó.
Otro joven, llamado Catriel, se acercó al lugar para apoyar a las familias y dijo estar rehabilitado del consumo de drogas desde hace tres años, tras haber estado internado de la comunidad.
«Todos están acá por su voluntad, no puedo estar más agradecido a este lugar, tengo una vida gracias a esta comunidad, me pasaba cinco días consumiendo, aunque era supervisor de ventas y llegué a ser gerente, pero me iba a Constitución de traje y me quedaba cinco o seis días consumiendo«, apuntó el joven.
Los familiares continuaban hasta la tarde protestando en la puerta del lugar, mientras agentes policiales les informaban que estaban trasladando a algunos jóvenes a las comisaría tercera de esa localidad y a otros hacia otras comunidades terapéuticas.
«Vení, vení, baila conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano del loco Pipi, toda la vuelta vamos a dar», cantaban los jóvenes desde adentro del lugar, con banderas y bombos, en conjunto con las familias que los apoyaban desde afuera, tras aclarar a Télam que «Pipi» es el apodo del director de la comunidad, Eduardo Zelaya.
Desde del interior de la comunidad, un joven se dirigió a la prensa con un mensaje de apoyo al centro y transmitió que «estas detenciones tienen que ver con un fin político».
«La calle y la sociedad nos estaban matando, acá volvimos a nacer, a crecer, aprendimos a escuchar, a hablar, por eso, todo esto es una movida política para que nosotros no vayamos a la marcha de hoy, convocada al Congreso de la Nación sobre la ley de adicciones», apuntó el joven desde el enrejado de la puerta de la comunidad.
ZELAYA Y «TETO» MEDINA SE PRESENTABAN EN REDES Y CHARLAS COMO «OPERADORES SOCIO TERAPÉUTICOS»
El director de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» Néstor Zelaya y el conductor de TV Marcelo «Teto» Medina daban charlas sobre el funcionamiento de ese centro de rehabilitación de jovenes adictos y se presentaban como «operadores socio terapéuticos».
Tanto Zelaya como Medina fueron convocados por el municipio de Concordia, Entre Ríos, en agosto pasado, para dar una charla sobre recuperación de adicciones, en la que presentaban a Zelaya como «especialista en adicciones, operador socioterapéutico en adicciones y director de “La Razón de Vivir”. Y a Medina como «periodista y operador socioterapéutico en adicciones».
En la presentación destacaban que «La Razón de Vivir» cuenta con cuatro instituciones, en Buenos Aires, dos instituciones, una en Berazategui y otra en Florencio Varela, en Santa Fe y Córdoba»
Además, indicaban que cada institución «cuenta con un equipo de 15 profesionales, entre psiquiatras, psicólogos, profesor de educación física, profesor de arte, profesionales que dan charlas motivacionales, operadores en adicciones, acompañantes terapéuticos y profesionales que trabajan exclusivamente con la familia».
También precisaban que la institución «está inspirada en un concepto de tratamiento residencial “comunidad terapéutica” a puertas abiertas. Cuenta con una estructura diseñada para motivar y lograr la permanencia de los residentes en el tratamiento»
En la presentación aseguraron que «el objetivo principal de la institución, es buscar que la persona pueda recuperar valores, principios y que tenga un proyecto de vida que se pueda establecer».
En la red social Instagram, la comunidad terapéutica se presenta como Servicio de Salud Mental, Centro de Rehabilitación de Adicciones, Abordaje Inmediato y Traslados Nacionales e Internacionales.
En tanto, «Teto» Medina promocionaba sus charlas a través de la red Tik Tok. En ella se lo ve en primer plano y, con el fondo de los jóvenes sentados en círculo, expresa: «Por fin llegue a La Razón de Vivir, acá estamos con los chicos, tuvimos una charla re linda y como siempre decimos recuperarse y vivir mejor se puede. Aguante La Razón de Vivir».
El ingreso de los familiares a la comunidad
“Los familiares están adentro tomando mate con los chicos”, contó a Télam Catriel, uno de los chicos que ingresó al lugar con otros compañeros rehabilitados “para hacernos cargo de la situación” y señaló que «vamos a comer todos juntos, mañana será otro día».
Según explicó Catriel, que obra como vocero de los pacientes ante la prensa, “no está permitido visitas después de las 24”, por lo que los familiares permanecerán en el lugar, si así lo desean, hasta ese horario.
Las familias se dividieron en dos grupos que informaban sobre la situación que se vivía en las dos entradas con las que cuenta el predio, una en la calle General Belgrano y la principal en la calle 30, desde donde se podían observar móviles policiales y una ambulancia del Same.
Estela, quien se acercó a La Razón de Vivir porque allí se encuentra su nieto desde hace un mes, señaló a Télam que “once chicos se fueron por ‘voluntad propia’” por el portón de Belgrano.
Gabriel, uno de los pacientes que se retiró de la comunidad terapéutica dijo a Télam: “Estamos destrozados porque esta es nuestra casa y ahora voy a tener que ir mi casa. Éramos 70 chicos viviendo en familia, muy numerosa y nos estábamos apoyando unos a otros”.
“Dicen que está inhabilitado el lugar y que no está apto; estuve acá cuatro meses y nunca tuve un problema. Me voy y trataré de pelear por este lugar que me devolvió un montón de cosas”, subrayó.
En tanto, Marcos explicó a esta agencia que su hermano, de 27 años, «es el encargado de cuidar a los chicos desde hace casi un año, les da apoyo psicológico, realizó varios cursos de acompañante terapéutico”.
Relató que hubo un allanamiento en su domicilio para buscar a su hermano, quien “está imputado” y apuntó por la denuncia a “un cura que no estaba de acuerdo con los tratamientos” que aplicaban en la comunidad terapéutica.
Uno de los pacientes se acercó al alambrado para hablar con las familias y comunicarle que los “chicos están tranquilos y bien” y que además fue autorizado a llevarle a los otros pacientes cigarrillos.
Denuncias de las víctimas y escuchas telefónicas desataron la investigación
El agente fiscal de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIJ) 1 de Berazategui, Daniel Ichazo, confirmó que las detención del conductor televisivo «Teto» Medina y otras 16 personas comenzó con la denuncia de exinternos y corroborado por escuchas telefónicas.
«La investigación comienza por denuncias de propias victimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 victimas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada que se le daba algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que le hacían trabajar y no le pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota«, explicó el fiscal.
Luego de ingresar a uno de los centros ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires, el funcionario judicial explicó que todas estas presuntas acusaciones «no solo se prueba con testimonios, sino con escuchas telefónicas de 45 días».
«Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y al situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que esta siendo rehabilitado, y no es así», añadió Ichazo a los medios y se retiró para continuar con la entrevista de los internos.
Previamente, antes de hablar con la prensa, el funcionario judicial habló con los familiares de las personas que se encontraban internadas en esa comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones.
Durante ese intercambio, el fiscal trató de explicarles que era lo que sucedía, mientras que los familiares desmintieron las denuncias y pedían que los mantengan es ese centro, donde «los chicos están bien», dijeron la mayoría de los presentes, que en un momento cantaban «queremos a la institución».
Un momento de tensión se produjo cuando un familiar preguntó si estaba la Sedronar, y ante la repuesta afirmativa del fiscal dijeron al unísono «no, no queremos a Sedronar», al tiempo que una mujer aseguró que su hermano murió por la intervención de esa entidad nacional.
«Usted es fiscal, si yo me llevó a mi hijo y vuelve a drogarse a la calle, yo que hago. Eso para mi es un retroceso», cuestionó una mujer y en respuesta Ichazo dijo «me encantaría responder eso, pero no puedo».
Por último, el fiscal pidió tiempo para poder hablar con las personas internadas y luego junto a los familiares y las autoridades determinar a que lugares van a ser derivados cada uno, «nadie se va a ir de acá obligado o contra su voluntad», pero indicó el lugar no está habilitado para funcionar.