La planta de Fabricaciones Militares de Azul (“Fanazul“) tiene 71 años de existencia. Este año, en el marco de la reestructuración de los gastos del presupuesto, el Poder Ejecutivo decidió cerrarla desde el 28 de diciembre y despedir a 219 trabajadores que estaban empleados en ella.  Solo un pequeño grupo de 35 empleados permanecerá prestando tareas de resguardo.

Desde entonces, el pueblo bonaerense salió a reclamar con cortes de ruta, petitorios, masivas movilizaciones por el centro y acampes para que no cesen las actividades de la fábrica de explosivos y pólvora. El municipio, a cargo del intendente Hernán Bertellys (Cambiemos), debió declarar la “emergencia laboral” por el impacto en el desempleo que traerá aparejada la destrucción de los empleos.

Esta semana, los empleados de Fanazul realizaron medidas de fuerza en reclamo de su reincorporación y la continuidad del establecimiento. Hubo cortes de tránsito en las rutas nacionales 3 y 226. Ayer, acamparon frente al edificio municipal, para encauzar un diálogo entre el jefe comunal oficialista, el interventor de Fabricaciones Militares (FM), Luis Riva, y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.

“La fábrica para mí es todo, fue mi primer empleo formal. Soy operario de la planta de dinamita de Fanazul desde hace 15 años. Mi papá trabajó en la fábrica, y mi hermano trabaja en ella también, es algo de generaciones”, explicó a la agencia Télam Juan Cacace, delegado de ATE y uno de los contratados despedidos que está acampando.

El testimonio de Cacace da cuenta de lo enraizada que está la pertenencia de la fábrica militar a la ciudad. Los vecinos azuleños creen que “se está arrancando un pedazo de historia” con el cierre, en un distrito que cuenta con una población de menos de 100 mil habitantes.

Desde el Gobierno señalaron que el desmantelamiento de la fábrica se debe a que la estructura ya no era rentable y su producción era muy pequeña en Azul, por lo que se hacía allí pasará a elaborarse en otras plantas de Fabricaciones Militares.

El cese de la planta de Fanazul se inscribe como parte de la decisión del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, de achicar el total del personal de Fabricaciones Militares. Se calcula que fueron rescindido 354 contratos de los 1674 que mantenía, quedando una dotación de unos 1700 agentes entre contratados y estables.

A raíz del conflicto generado en la comunidad, el Concejo Deliberante dispuso la creación de un “comité de crisis” que se reúne diariamente para analizar la evolución del reclamo y “hablar de números” con el interventor Riva. El organismo está integrado por concejales, las autoridades del municipio, los despedidos y hasta un sacerdote.

Tras semanas de ausencia de negociaciones y falta de respuestas, el intendente Bertellys comunicó ayer que hizo gestiones con el Gobierno nacional para que en los próximos días se produzca una audiencia con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.  El enlace será el subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell.

“Es una buena noticia, por llamarla de alguna manera“, manifestó Marcelo Laponte, delegado de los trabajadores despedidos de Fanazul. “Para nosotros el jefe de Gabinete es la pata principal. Si bien apuntábamos a la gobernadora María Eugenia Vidal, que esté Marcos Peña es mejor todavía”, añadió el representante gremial.

En la oposición advierten que la solución solo puede venir de parte las máximas autoridades de la Casa Rosada, ya que el cierre de Fanazul se trata de “una decisión política que no se puede revertir hablando con Riva”, aseguró el concejal del GEN Claudio Molina ante una radio municipal.

“Esto no es empresa privada, es del Estado. En los números los trabajadores de Fanazul dejaban 8 millones y medio de pesos por mes en la economía interna de la ciudad. Ésta medida va a generar una crisis y necesitamos que la provincia se ponga a cargo de este problema”, remarcó el concejal de Unidad Ciudadana.

Hasta tanto que ocurra la reunión con Peña, los trabajadores de Fanazul levantaron el corte de la ruta 3 y regresaron al acampe frente a la intendencia azulina, como demostración de señal de diálogo.

“Todo el pueblo de Azul está indignado. Los vecinos nos abrazan, nos dan una palmadita y nos dicen ´vamos, que estamos con ustedes´ y eso es algo que nos abraza el alma, y que, pase lo que pase con la planta, cada uno lo recordaremos para siempre”, afirmó el delegado Cacace.

El impacto de los despidos en la comunidad azulina también llegó al sector privado de la comunidad. Oscar Puga, vicepresidente del Centro Empresario de Azul (CEDA), aseguró que el conflicto “afecta a los empleados, pero también tiene un efecto psicológico negativo, porque cuando pasan esas cosas, la gente se retrae. El padre, el tío, el hermano se empiezan a cuidar en los gastos, porque la prioridad es ayudar a los que quedaron sin trabajo”, reprodujo el portal La Tecla.

FUENTE: Infobae