Castillo fue destituido tras un juicio político en el Congreso, después de anunciar la disolución del Parlamento, una decisión que provocó la renuncia de ministros clave y denuncias de un "golpe de Estado" por parte del Poder Legislativo
El expresidente peruano Pedro Castillo, destituido la víspera por el Congreso tras intentar disolverlo, contactó el miércoles con la oficina de la Presidencia de México para avisar que se dirigía a la embajada de ese país en Lima a pedir asilo, informó el jueves el mandatario mexicano, Andrés Manuel López obrador.
Pero el expresidente peruano Pedro Castillo estaba recluido este jueves en una carceleta especial de una sede policial de Lima, donde permanece preso el exmandatario Alberto Fujimori, reveló a la agencia de noticias Reuters una fuente judicial, un día después de que fuera destituido de su cargo en un dramático juicio político.
Las autoridades decidieron trasladar a Castillo por temas de seguridad a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde en un ambiente acondicionado Fujimori cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción, indicó la fuente con conocimiento directo del tema.
Imágenes de televisión mostraron cuando Castillo, de 53 años, llegaba la noche del miércoles en un helicóptero con sus dos manos juntas bajo un manto oscuro -aparentemente con esposas- a la base policial, ubicado en el distrito de Ate en el este de Lima, en medio de extremas medidas de seguridad.
Castillo fue destituido tras un juicio político en el Congreso, después de anunciar la disolución del Parlamento, una decisión que provocó la renuncia de ministros clave y denuncias de un «golpe de Estado» por parte del Poder Legislativo.
Su exvicepresidenta Dina Boluarte prestó juramento como la nueva presidenta, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar el cargo en el país sudamericano.
Tras la destitución de Castillo, la fiscalía peruana informó que se detuvo al exmandatario izquierdista para iniciar las diligencias preliminares por el presunto «delito de rebelión», al quebrantar el orden constitucional del país, además por el presunto delito de «conspiración» contra el Estado.
Castillo había asumido el poder en julio del año pasado luego de ganar unas apretadas elecciones frente a la hija mayor del exmandatario Fujimori, Keiko Fujimori, una política conservadora que se había resistido por semanas a la derrota.
Fujimori, de 84 años, es el único reo con condena en una prisión de la base policial construida para la seguridad del exmandatario antes de su extradición desde Chile en el 2007 y previo a su juicio.
Allí Fujimori tiene una celda con dormitorio, baño, un estudio y acceso a un patio donde cuida de un jardín, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El exmandatario Fujimori, que gobernó el país con mano dura entre 1990 y el 2000, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial en 1992, medida que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, en medio de una violenta guerra interna con grupos rebeldes de izquierda y una crisis económica.
Después de protestas de la comunidad internacional, Fujimori realizó unas elecciones legislativas y redactó en 1993 una nueva Constitución, favorable a una economía de libre mercado.
Primeras declaraciones
En tanto, la decisión de Castillo provocó el rechazo de las autoridades del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas que, junto a la Policía, marcaron distancias con el exmandatario.
La fuente judicial dijo que si bien ambos expresidentes están en la misma sede de la Diroes, no están juntos. Castillo esta como «detenido en flagrancia» en una carceleta policial y Fujimori permanece en una celda administrada por el INPE.
«Se prevé el jueves que Castillo brinde su primera declaración formal ante los fiscales en las investigaciones por rebelión y conspiración», afirmó.
Castillo ha acreditado como abogado a su exprimer ministro Aníbal Torres en el caso, acotó.
Las autoridades policiales se negaron a comentar y Reuters no pudo comunicarse con otro de los abogados de Castillo.
En la sede policial también estuvo recluido preliminarmente el expresidente Ollanta Humala entre julio del 2017 y abril del 2018, mientras era investigado por presunta corrupción.
Castillo llegó a la presidencia peruana con un discurso radical de izquierda y la promesa de beneficiar a los más pobres del país minero, a la cabeza del partido marxista Perú Libre.
Tras asumir un mandato de cinco años, el ahora exmandatario se rodeó de funcionarios moderados en el tema económico, pero se enfrascó en una fuerte pugna política con el Congreso, dominado por partidos de derecha, que terminaron sacándolo del poder.
Fujimori, condenado por la matanza de 25 civiles sospechosos de pertenecer al grupo insurgente Sendero Luminoso, recibió un indulto a fines del 2017 del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero el beneficio fue anulado por la Corte Suprema en el 2018.