La defensa del arrepentido ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, volvió a reclamar este vienres su libertad al apelar el fallo de Claudio Bonadio. El juez federal le había rechazado la excarcelación en la causa de los cuadernos por posible peligro de entorpecer la causa.
El defensor oficial Gustavo Kollmann presentó un escrito en el que cuestionó la decisión del magistrado a la que calificó como una “intromisión excesiva” porque rechazó excarcelar a Campillo cuando no había ningún riesgo procesal para hacerlo.
Kollmann remarcó que Bonadio “desatendió abiertamente” la opinión del fiscal Carlos Rívolo quien había dictaminado en favor de la libertad de Campillo, según consta en el escrito al que accedió Télam.
El defensor de Campillo destacó que la fiscalía expresó que el imputado “podía transitar el proceso en libertad” y “no obstante ello, en una incidencia sin contraposición de intereses de las partes, V.S. resolvió de un modo adverso”.
“Las constancias del expediente reflejan que la libertad de mi defendido jamás conllevaría una potencial materialización de los riesgos procesales”, sostuvo el abogado oficial de Campillo que además resaltó que el juez había utilizado la información brindada por su defendido.
“Los aportes novedosos realizados en primer término por mi pupilo -sumados seguramente a otros indicios concordantes- llevaron a su señoría a decidir al menos la imputación y detención de una persona cuya participación en los hechos era absolutamente desconocida”, sostuvo en presunta alusión al caso del ex secretario presidencial Isidro Bounine.
El defensor de Campillo resaltó además que la pena prevista en el delito que provisionalmente se le achaca a su representado “no resulta suficiente para justificar su encarcelamiento, ya que seguir tal parámetro importa establecer una regla general que trasciende el caso individual, en violación a la presunción de inocencia”.
Para demostrar la supuesta falta de riesgos procesales, Kollmann remarcó que Campillo “fue detenido en su domicilio”, que tiene “una madre de edad avanzada” y “un sobrino que ha sido recientemente liberado, es decir un contexto personal que denotan lazos sólidos”.
El defensor de Campillo solicitó además la abreviación de los pasos procesales para que la apelación presentada tenga un tratamiento rápido en la Cámara Federal, lo que parece algo difícil: la sala de feria del tribunal de apelaciones está integrada por dos jueces de los cuales uno (Mariano Llorens) está excusado de intervenir en este expediente.
Campillo fue aceptado el miércoles como “arrepentido” en la causa cuando el juez Bonadio homologó el acuerdo que había alcanzado hacía tres semanas con los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.
A pesar de aceptarlo como arrepentido, Bonadio rechazó ayer excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede “entorpecer la investigación” por lo que -por ahora- permanecerá en el penal de Ezeiza, informaron fuentes judiciales.
Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Muñoz fue mencionado en la causa por transportar en su auto las supuestas coimas que detalló por escrito del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno.
En los cuadernos de Centeno, se indicó que Muñoz transportaba bolsos con dinero al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde suele alojarse la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los investigadores sospechan que Muñoz lavó además unos 70 millones de dólares a través de la compra de propiedades en Estados Unidos mediante testaferros, entre los que se encuentra su viuda Carolina Pochetti.
En su declaración como arrepentido, Campillo sostuvo que él fue llamado a opinar sobre los manejos del dinero de Muñoz y que quien lo convocó fue Isidro Bounine, quien fuera secretario privado de la ex presidenta hasta 2011.
Bounine fue detenido el miércoles y ayer negó, al ser indagado por Bonadio, haber participado de las maniobras de lavado de dinero investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas.