Desde el Ejército de Sudán confirmaron que no extraditarán al ex presidente Omar al Bashir y que se lo juzgará en el país. Así mismo, defendieron su derrocamiento y llamaron al diálogo luego de que miles de sudaneses salieron a las calles a rechazar la toma del poder por los militares.
Sin embargo, el Ejército advirtió que no tolerará incumplimientos de las normas de seguridad, luego de que los manifestantes desafiaran un toque de queda nocturno para mantener una sentada de protesta en exigencia de un inmediato gobierno interino civil. «Esto no fue un golpe, sino una herramienta de cambio», dijo el coronel general Omar Zein Abedeen a periodistas en la capital, Jartum.
Al Bashir es requerido por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de genocidio y crímenes de guerra por su brutal campaña militar contra separatistas en la región occidental de Darfur. Hasta 300.000 personas han muerto y 2,7 millones tuvieron que dejar sus hogares en Darfur por ataques del Ejército y de milicias respaldadas por el gobierno.
Entregar a Al Bashir a la CPI de La Haya «sería una fea marca para Sudán», dijo Zein Abedeen. «No lo extraditaremos», sino que será juzgado en Sudán, prosiguió, aunque no descartó que sea entregado a la CPI por un futuro gobierno civil «si se prueban las acusaciones contra él», informó BBC.
«Vinimos para guiar al país», señaló el coronel general, jefe del comité político del Consejo Militar Transitorio que asumió el poder en Sudán.
Asimismo, aseguró que «el gobierno será completamente civil» pero ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo sobre ese Ejecutivo.
También prometió que los militares no estarán en el poder más de dos años, «ni un día más», plazo que marcó ayer el ministro de Defensa y líder del golpe, Awad Mohammed Ibn Ouf.