La causa de la suspensión es por deudas al Programa Incluir Salud

El sector que nuclea a los transportistas de personas con discapacidad suma un nuevo capítulo a su larga historia de conflictos por recortes presupuestarios y aranceles asfixiantes. En esta ocasión, el problema involucra nuevamente al Programa Incluir Salud de la provincia y aseguran que 200 instituciones de discapacidad corren riesgo.

CLG dialogó con Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), quien detalló el nuevo conflicto que hizo que se suspenda el servicio para cerca de 120.000 beneficiarios.

Pablo Bolego, presidente de Atraes

«Estamos reclamando una deuda del Programa Incluir Salud que asciende a seis meses. Además, ponemos luz sobre la situación arancelaria ya que hemos sufrido un aumento exponencial en los costos de nuestros servicios: en lo que va del año el combustible aumentó 27 veces, un 92%«, explicó.

«En esta oportunidad se suman las instituciones que albergan a las personas con discapacidad: centros de día, centros de tratamiento terapéutico, centros de rehabilitación. Estamos todos alzando la voz y reclamando que se pague lo que se debe y se reponga la situación arancelaria«, agregó.

Según indicó Bolego, la deuda del Programa Incluir Salud con los transportistas «asciende a $14.500.000 mensuales«. Y agregó: «Nos deben desde el mes de junio, ellos dicen que Nación no le gira los fondos, pero en el medio estamos los nosotros y las personas con discapacidad».

A causa de la morosidad de la Provincia y la Nación, los transportistas tomaron la decisión de cortar las prestaciones: «Del 1 al 10 de diciembre entramos en el sexto mes de deuda y por eso suspendimos el servicio a beneficiarios del Programa Incluir Salud. Hemos transitado una situación similar el mes pasado, pero como pagaron mayo decidimos retomar el servicio de manera casi solidaria. En esta ocasión no lo volveremos a permitir».

Según señaló Bolego, «las personas afectadas por la precarización en discapacidad en Santa Fe son 120.000«. Y añadió: «Es una situación que pone en riesgo la continuidad del beneficio para muchísimas personas, hay un montón de prestadores que ya han dejado de brindar el servicio».

La próxima semana habrá cambio de gobierno tanto a nivel nacional como en la provincia, y eso trae un cambio de aire necesario: «En un cambio de gobierno uno siempre tiene esperanza, pensamos que pueden haber políticas públicas diseñadas para beneficio de las personas con discapacidad y para quienes trabajamos para ellos. Tenemos la intención de reunirnos con las nuevas autoridades, todavía no lo hemos podido hacer».

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