La cantidad de muertos a causa de la avalancha que generó la ruptura de una represa en una mina de hierro en la ciudad de Brumadinho, en el sureste de Brasil, aumentó a 150 este miércoles, mientras los desaparecidos son 182, según el último balance reportado por el Cuerpo de Bomberos Militar (CBM) de Minas Gerais.
De acuerdo con el informe difundido por la fuerza en su cuenta de Twitter, ya «se identificó a 134 de las personas fallecidas». El CBM está trabajando junto a 655 efectivos militares, 64 bomberos de varios Estados de Brasil y 110 voluntarios.
Las operaciones están distribuidas en 40 puntos y se centran en las áreas de la portería, estacionamiento, estación de tratamientos de minerales y en la locomotora del gigante minero Vale, dueño de la represa que se rompió el último 25 de enero.
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El vocero del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, Pedro Aihara, detalló además que «dos embarcaciones realizan búsquedas en el Río Paraopeba» y «perros rastreadores recorren las zonas de los bosques», aunque la posibilidad de encontrar sobrevivientes sea «mínima».
Indicó además que mañana se realizará una reunión en la que se definirán «cambios técnicos» en las actividades de los próximos días y reafirmó que «no hay previsión para la suspensión de las búsquedas, ya que las labores se extenderán hasta que no se puedan rescatar más cuerpos», consignó EFE.
Construida en 1976, la represa del Corrego do Feijao tenía una capacidad de almacenamiento para unos 13 millones de metros cúbicos de residuos ferrosos y agua.
El colapso de sus diques de contención provocó un alud de lodo y residuos que sepultó las instalaciones de la propia compañía y cientos de casas, granjas, posadas y rutas en pocos minutos.
Tras el desastre, que se produjo tres años después de uno similar ocurrido en la ciudad de Mariana, también en el Estado de Minas Gerais, la minera anunció la semana pasada que destruirá todas las represas que poseen sistemas de contención similares a los de la mina que colapsó.
En tanto, la Justicia brasileña decidió ayer dejar en libertad, de manera cautelar, a las cinco personas que habían sido arrestadas el último 29 de enero acusadas de haber adulterado documentos sobre la seguridad de la represa que se rompió, después de que considerara que «no hay fundamentos idóneos para las prisiones».