La Oficina Anticorrupción (OA) pidió a la Cámara de Casación que también se condene al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el delito de «estrago culposo agravado» por la tragedia de Once. Es en la misma causa en la que recibió 5 años y 8 meses de prisión por el delito de administración fraudulenta, según se informó este jueves.
De esta forma, el organismo encabezado por Laura Alonso insistió con la postura que mantuvo sobre el juicio oral y público que se sustanció contra De Vido y otros imputados por el hecho ocurrido el 22 de febrero del 2012 en el ferrocarril Sarmiento, que causó la muerte de 52 personas y lesiones a otras 789.
Es que, para la OA, el ex ministro de Planificación de la gestión kirchnerista fue responsable no sólo de administración fraudulenta -delito por el que recibió una sentencia condenatoria-, sino también «autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado».
Así lo consignó el organismo a través de un comunicado difundido esta mañana, en el que indicó que ayer presentó un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, instancia de revisión en la que se encuentra actualmente la sentencia dictada en octubre pasado en el segundo juicio oral y público por la tragedia de Once.
«La OA, como querellante en la causa, había pedido durante el juicio 10 años de prisión para De Vido entendiendo que era responsable por ambos delitos», indicó el comunicado difundido por el organismo encabezado por Alonso, en referencia a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de estrago culposo agravado.
En ese proceso, el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4) condenó al ex funcionario kirchnerista a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero lo absolvió en lo que atañe a la figura de estrago culposo.
«De Vido tenía competencia primaria, obligatoria y necesaria para velar y hacer cumplir dicho contrato en las materias objeto de este juicio –mantenimiento y seguridad de los usuarios-; y conocía perfectamente el estado de situación calamitosa del material rodante producto de la nefasta política llevada adelante persistentemente por la empresa y la operación del servicio en condiciones de absoluta ineficacia y falta de seguridad para los usuarios”, argumentó la OA.
En este sentido, planteó que el entonces funcionario “deliberadamente permitió y avaló que continuara las conexión sin adoptar a los largo de nueve años que precedieron a la tragedia ninguna medida para reencausar el servicio”.
“No podemos entender el resultado del estrago que ocurrió en la estación de Once sino mediante y a través de la administración fraudulenta en la que incurrieron los funcionarios públicos. La muerte y las lesiones no son sino la consecuencia de un fraude monumental en perjuicio del Estado nacional”, fundamentó la Oficina Anticorrupción en el escrito presentado ante Casación.
Allí, además, insistió en que «De Vido tenía la obligación legal, con responsabilidad primaria, de velar por el cumplimiento de la prestación del servicio en las condiciones reglamentarias y exigibles de seguridad y eficiencia y, sin embargo, pese a tener un cabal y completo conocimiento de la situación contraria, dejó año tras año que la concesionaria siguiera operando los trenes en las condiciones de peligro ya expuestas, lo que representó la falta de control de un riesgo típicamente relevante, tal como si él mismo lo hubiera causado”.