Los jueces deben decidir si conceden la prisión domiciliaria pedida por la defensa del ex secretario de Transporte nacional, condenado a ocho años de prisión.
El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, solicitó el beneficio del arresto domicialiario ante la pandemia del coronavirus. Y si bien aún resta la definición de la Justicia, el fiscal federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée, se opuso este lunes a que se le conceda esta oportunidad al condenado por la Tragedia de Once.
«Dados los delitos por los que se encuentra dictada la sentencia condenatoria» por la tragedia del tren de Once, «el Estado Argentino también se encuentra comprometido internacionalmente a prevenir, detectar y sancionar la corrupción», sostuvo Pleé en el escrito al que accedió Télam
El fiscal presentó su memorial, que no es vinculante, ante la sala III del máximo tribunal penal del país, que quedó en condiciones de resolver.
Los jueces deben decidir si conceden la prisión domiciliaria pedida por la defensa de Jaime, condenado a ocho años de prisión.
El mismo pedido hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su calidad de «amicus curiae».
Los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani aceptaron a la Secretaría como «amiga del tribunal».
La defensa de Jaime «no ha aportado elementos concretos que permitan suponer que el nombrado no encuentre garantizado su derecho a la salud pues, como es sabido, tal afección fue descartada en el caso del interno Luis D’Elia», sostuvo el fiscal Pleé al pedir que se rechace el recurso de Casación.
La fiscalía aludió así a la situación del detenido Luis D’Elia, a quien se concedió un arresto domiciliario provisorio ante síntomas de Covid, aunque luego fue descartado un contagio del virus.
En cuanto a Jaime, el fiscal sostuvo que «de momento no obra informe oficial elaborado por los organismos gubernamentales que de cuenta de que algún interno se halla infectado por Covid-19» por lo cual el riesgo «se traduce en uno meramente potencial y abstracto».
En esta causa, Jaime está preso desde 2016, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a ocho años de prisión por el choque del tren del ferrocarril Sarmiento en la estación de tren de Once, que causó 51 muertos en febrero de 2012.
Además, es sometido a juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras causas penales, aunque en esta última investigación tiene prisión preventiva.
Al pedir su prisión domiciliaria, la Secretaría de Derechos Humanos argumentó que la condena por la tragedia de Once no está firme aún porque está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Toda detención previa a una sentencia firme solo puede ordenarse (y mantenerse) cuando se configuren los riesgos procesales establecidos en la ley de rito y en el derecho internacional de los derechos humanos”, sostuvo la Secretaría en el escrito.
Además se aludió a la salud de Jaime, de 65 años, en relación a la pandemia de Covid-19.
La Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que Jaime está en «estado crítico» y que su situación se agrava durante su detención
El arresto domiciliario fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2, que lo juzgó y condenó por el choque del tren de Once y luego por el Oral Federal 6.
Este último Tribunal lo juzga en la actualidad y luego de su decisión, Jaime inició una huelga de hambre en la cárcel de Ezeiza.
La fiscalía aludió a los últimos informes médicos, según los cuales la huelga de hambre no derivó en un agravamiento de la salud del detenido
Jaime, quien fuera secretario de Transporte de la Nación desde el 2003 al 2009.