La pena correspondiente es de cinco años y ocho meses de prisión al ser acusado por administración fraudulenta
Familiares de víctimas de la Tragedia de Once pidieron hoy ante la Justicia que el condenado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido vaya a la cárcel, entender que está firme la pena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta.
La presentación fue hecha por Leonardo Menghini, abogado representante de un grupo de familiares de víctimas, entre ellas su hijo Lucas Menghini Rey.
Para la querella, el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó un recurso extraordinario de De Vido para ir a la Corte Suprema dejó firme la condena, y por eso debe cumplirse de inmediato.
Sobre el tema también debe opinar la Fiscalía a cargo de Juan García Elorrio, ya que la defensa de De Vido ante ese fallo de Casación reclamó que el ex ministro no vaya preso hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, recientemente la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal estableció que recién una condena está firme cuando falla el máximo tribunal del país, con lo cual todo hace suponer que no irá detenido hasta ese momento.
Pero entre los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico hay un debate interno sobre si detienen a De Vido ahora o tienen en cuenta los cambios introducidos por esa Comisión y aguardan que falle la Corte.
Hasta esa modificación del Código, cuando se rechazaba el extraordinario y más allá de que quedara la queja, esta última no tenía efecto suspensivo.
«Mientras se encuentre pendiente el análisis sobre la recepción o no del recurso para analizar aquel que fuera rechazado, no hay análisis pendiente, deviniendo entonces la firmeza indubitable del fallo», sostuvo la querella.
«La decisión sobre la aceptación de la Queja solo modificaría la firmeza del fallo si es aceptada en la Corte Suprema. Mientras esté pendiente la resolución de aceptación en ese Tribunal, no existe fallo pendiente en forma obligatoria, sino solo existe una aspiración del condenado que en ningún caso quita firmeza al fallo que impone pena privativa de libertad», enfatizó.
En ese sentido, aclaró que «en caso de acogimiento, el fallo volvería a su falta de firmeza y debería estarse a su resultado, mientras ello no ocurra, a entender de esta querella, la firmeza adquirida con el rechazo del recurso extraordinario, impone el inmediato inicio del cumplimiento efectivo de la condena».
Sobre las pruebas, la querella aclaró que «diez jueces, y cuatro fiscales ya han coincidido en la responsabilidad del condenado y en la validez del proceso y el respectivo cumplimiento del debido proceso a lo largo de la causa».
«Quitar efectividad a la pena es una acción de gravedad institucional, ya que desvirtúa el proceso penal tornándolo en una ilusión y transmitiendo un erróneo mensaje de falta de Justicia a toda la Sociedad», agregó.
Una vez que opinen la Fiscalía y el resto de las querellas, el Tribunal Oral Federal 4 procederá a definir la suerte del ex ministro de Planificación Federal.