El reclamo -que pareciera no contar con el apoyo del presidente Sebastián Piñera- también tuvo respaldo en paralelo de la Asamblea Constituyente, instancia surgida justamente a partir de las protestas callejeras que está analizando el texto para una nueva Constitución
Un proyecto de ley que propone un «indulto general por razones humanitarias» para las personas que permanecen en prisión por supuestos delitos cometidos en el marco del estallido social de octubre de 2019 revivió en los últimos días la tensión política en Chile, de por sí sacudida luego de las últimas elecciones y la puesta en marcha de la Convención Constituyente.
El reclamo -que pareciera no contar con el apoyo del presidente Sebastián Piñera- también tuvo respaldo en paralelo de la Asamblea Constituyente, instancia surgida justamente a partir de las protestas callejeras que está analizando el texto para una nueva Constitución.
La iniciativa legislativa es promovida por los senadores opositores Yasna Provoste (Democracia Cristiana y precandidata presidencial), Isabel Allende (Partido Socialista), Alejandro Navarro (PRO), Adriana Muñoz (Partido Por la Democracia) y Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática).
El proyecto, que contaba con el apoyo general de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos de la Cámara Alta, fue aprobado en la Comisión de Constitución con tres votos a favor y dos en contra y ahora pasará a discutirse y votarse en sala.
Para aprobarse en el pleno del Senado, se requieren 22 votos de los 43 senadores, según la norma.
Pero aunque sea aprobado, debe tener el visto bueno de Piñera, quien ya descartó un indulto a los «presos de la revuelta», que según datos del Ministerio Público, son 25 personas.
El mandatario dijo que «en Chile no hay presos políticos, no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas», sino que aquellos que estén presas es «por decisión de tribunales independientes».
Las personas que están en prisión es por «delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros», reforzó.
Las palabras de Piñera se diferencian de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), que ha señalado que «en Chile hay un abuso en la prisión preventiva».
Tras la polémica discusión y aprobación en la comisión del Senado, los familiares de los llamados «presos de la revuelta» celebraron el avance del proyecto y llamaron a movilizaciones como forma de presión para que la iniciativa se apruebe en general.
Jaime Fuentes, abogado y vocero de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, calificó lo sucedido como «un triunfo acérrimo en donde primaron los argumentos políticos, jurídicos y sobre todo técnicos».
Sin embargo, dijo que esto es «solamente un paso» y que «nos queda mucho por avanzar y mucho camino por recorrer» y llamó a «que la gente siga movilizada hasta que la Sala del Senado lo apruebe y hasta que el último y la última presa política de la revuelta vuelva a sus casas, donde siempre tuvo que haber estado».
El pedido de liberación para los «presos de la revuelta» también surgió de la Convención Constituyente en una declaración que fue aprobada con más de dos tercios (105 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones).
La propuesta demanda a «los órganos del poder constituido» a tramitar «con máxima celeridad» un proyecto de ley de indulto general.
También pide al Ejecutivo darle el calificativo de «urgente» a la iniciativa, para que se vote rápidamente.
Al momento de debatir el probable indulto, la Covención recibió una carta sin firma pero a nombre de varios «presos de la revuelta», quienes destacaron que la instancia constituyente nació directamente por las protestas callejeras.
El texto exige la liberación de las y los presos, y destaca que la actual Constitución está «hecha a base de muertes, torturas, violaciones, extractivismo, robos, privatizaciones arbitrarias, sobornos, etc».
«Nos aburrimos de esto, salimos a protestar por malas políticas en manifestaciones, fuimos golpeados, mutilados, gaseados con lacrimógenas, atropellados, hasta lanzados desde un puente», expresa la carta.
La Convención Constituyente, en tanto, aclaró que emitió el comunicado porque «tiene la responsabilidad política de pronunciarse», pero no pretende «interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado».
Para el organismo, encargado de redactar la nueva Carta Magna chilena en 12 meses como máximo, en el estallido social las personas «fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana».
Otros organizaciones como Amnistía Internacional criticaron el papel del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado en el estallido, diciendo que estos habían «atacado» a manifestantes con el objetivo de «lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta».
El 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la crisis social más importante desde el retorno a la democracia en 1990, con miles de ciudadanos que salieron a las calles de Santiago y las principales regiones para hacer reclamos de reivindicaciones políticas, sociales y económicas.
Este descontento comenzó como una evasión de pago al Metro de Santiago (subte) de un grupo de 80 estudiantes secundarios, y ante la represión sufrida por la policía, se sumó toda la sociedad para mostrar su descontento con el Gobierno conservador de Sebastián Piñera.
Las protestas se extendieron hasta diciembre, a pesar de que toda la clase política firmó un «Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución» el 15 de noviembre para canalizar todas las demandas en una nueva Carta Magna para el país.
Estas manifestaciones continuaron hasta los primeros meses de 2020, pero la llegada de la pandemia ocultó el malestar social, que se ha mantenido en el país desde entonces, donde ahora la principal exigencia de colectivos sociales y políticos independientes es el indulto a quienes llaman los «presos de la revuelta».