Las principales organizaciones civiles independentistas convocaron para esta tarde manifestaciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña para mostrar su desacuerdo y exigir al Gobierno catalán que no acate el fallo.
El independentista Quim Torra quedó hoy inhabilitado para ejercer como presidente de Cataluña tras confirmar el Tribunal Supremo español una pena en su contra por desobediencia, decisión inédita en democracia que obliga a un relevo en el Gobierno regional y amenaza con desencadenar un nuevo espiral de tensión política en España.
Las principales organizaciones civiles independentistas convocaron para esta tarde manifestaciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña para mostrar su desacuerdo y exigir al Gobierno catalán que no acate el fallo.
Bajo el lema «Defendamos el presidente, luchemos por la independencia», la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) exigió una respuesta «contundente» de las instituciones a la condena contra Torra, según un comunicado.
Los partidos independentistas calificaron la decisión judicial como un «ataque a la democracia», mientras la oposición reclamó elecciones urgentes en Cataluña.
Mientras que la izquierda criticó el fallo por desproporcionado, el derechista Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox lo celebraron como un logro propio, al haber impulsado las demandas contra Torra.
El Ejecutivo español no valoró la sentencia. Pero, poco antes de conocerse, el ministro de Universidades, Manuel Castells, calificó de «exagerado» inhabilitar a Torra por negarse a retirar, durante la campaña electoral de abril de 2019, pancartas y lazos amarillos de edificios públicos catalanes en apoyo a líderes secesionistas encarcelados por el intento fallido de independencia de 2017.
Los jueces del Supremo, en una sentencia unánime, desestimaron el recurso de casación de Torra y ratificaron una sentencia de la Justicia catalana de diciembre de 2019, que lo inhabilitó por un año y medio por desobedecer a la Junta Electoral Central.
Torra -que finalmente retiró los símbolos pero fuera de tiempo- admitió que desobedeció la orden alegando su derecho a la libertad de expresión.
Pero el Supremo subrayó que no se valora ese derecho individual sino que, como presidente, incumplió órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es «garantizar (…) la neutralidad de los poderes y administraciones públicas» en procesos electorales.
Ratificada la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó su ejecución, notificando a Torra de «abstenerse» desde hoy a ejercer sus funciones.
Además, el tribunal instó al Gobierno catalán a que oficialice el trámite para que el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, actúe como presidente, tal como estable la ley de autogobierno regional para este tipo de casos.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia en España que un presidente autonómico -regional- pierda su cargo por un delito de desobediencia.
El ex presidente Artur Mas fue condenado por el mismo delito por celebrar una consulta secesionista en 2014, pero la sentencia se conoció cuatro años después, cuando ya no ejercía.
La decisión del Supremo contra Torra, en cambio, llega después de que el líder secesionista rechazara convocar elecciones en medio de la segunda ola de coronavirus.
Además, cae en un momento en el que los partidos independentistas catalanes -que gobiernan en coalición- se encuentran divididos en su estrategia política de cara a defender sus reivindicaciones ante el Ejecutivo de coalición español que encabeza el socialista Pedro Sánchez.
Torra es una figura muy polémica del independentismo, un activista radical que asumió el cargo de presidente prácticamente en nombre de su antecesor, Carles Puigdemont, cuyo partido ganó los comicios estando él en Bélgica, a donde huyó tras ser imputado por el fallido proceso de secesión de 2017.