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Condena a independentistas

Tensión: disturbios, heridos y vuelos cancelados en Barcelona


 

El Tribunal Supremo de España condenó este lunes a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso independentista catalán por considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Tras conocerse la sentencia, masivas protestas se desataron en toda Cataluña.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado, ante la ausencia del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central.

Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre 9 y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y 1 año y 8 meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel.

En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía -que pedía 25 años de cárcel-, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los secesionistas por haber perpetrado un «golpe de Estado».

A pesar de que este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar.

El ex vicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era «una venganza», mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un «insulto a la democracia» y un «desprecio a la sociedad catalana». Por su parte, Roger Torrent, presidente del parlamento catalán, se refirió al fallo como un «ataque a la democracia», al que hay que responder con movilizaciones pacíficas.

Tras conocerse la sentencia miles de estudiantes cortaron las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban «Libertad para los presos políticos» y hubo protestas pacíficas en las céntricas plaza Cataluña y plaza Sant Jaume. Las manifestaciones fueron replicadas en otras ciudades catalanas.

Sin embargo, pasado el mediodía la mayoría de los manifestantes se trasladó al aeropuerto internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital catalana, a raíz de una convocatoria de la plataforma «Tsunami Democrático», que llamó a «tomar» la principal terminal en la que fue su primera acción de desobediencia en respuesta a la sentencia.

Producto de la medida de fuerza varios vuelos se vieron afectados y tuvieron que ser cancelados o demorados. Según la propia compañía aérea, Vueling tuvo que cancelar 100 vuelos de este lunes y 20 de este martes. Por su parte, Aena, el operador aeroportuario, solo tenía constancia de la cancelación de 67 vuelos en el aeropuerto Josep Tarradellas, algo más del 6 % de los viajes programados para esta jornada.

Un centenar de agentes antidisturbios de los Mossos y la Policía Nacional se encuentran vigilando todos los accesos posibles a la infraestructura. Los Mossos han recordado a través de sus redes sociales que «acceder a zonas restringidas de los aeropuertos constituye un delito grave».

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña informó que han atendido a 37 heridos, la mayoría en el aeropuerto barcelonés. Aunque  ninguno de los casos revisten gravedad, cuatro de los heridos han tenido que ser trasladados a centros sanitarios.

La Policía también ordenó suspender los accesos por transporte público, por lo que se activaron dispositivos de control en varias rutas que terminaron colapsadas. Además, Renfe, la operadora ferroviaria, anunció que había suprimido los servicios de Cercanías R2 Norte, posteriormente restablecidos, y la línea 8 del metro de Barcelona.

Por su parte, los conocidos como CDR (Comités de Defensa de la República), instaron a través de Twitter a «levantarse contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices». «Es hora de la Revolución Popular», aseguran. Las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural también animan las protestas, siempre desde una actitud pacífica.

«Nueve años en prisión no acabarán con mi optimismo. Cataluña será independiente si persistimos. Manifestémonos sin miedo, avanzamos decididos desde la no violencia hacia la libertad”, dijo desde la prisión Jordi Sánchez, el ex líder de la ANC, quien fue condenada a nueve años de cárcel, igual que su compañero activista Jordi Cuixart.

La sentencia contra los secesionistas tiene consecuencias políticas -y sociales- impredecibles a las puertas de la repetición de las elecciones genérales de España, que tendrán lugar el 10 de noviembre.