El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, asumió este martes la «responsabilidad política» por el caso que lo forzó a relevar a la cúpula de Defensa y a varios jefes militares, a la vez que subrayó que se rompió el «pacto de silencio» detrás del cual se escondió una confesión por la desaparición y muerte de un guerrillero tupamaro en 1973.
«Asumo toda la responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar», dijo Tabaré a la cadena uruguaya VTV.
En un intento por dejar atrás la crisis, Tabaré designó como nueve ministro de Defensa al médico José Bayardi, quien ya ocupó ese cargo entre 2008 y 2009 y ahora regresa para reemplazar al destituido Jorge Menéndez.
La misma suerte que Menéndez corrieron el viceministro Daniel Montiel; el comandante en jefe del Ejército, José González; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún; y los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.
Los generales integraron un tribunal de honor que juzgó las conductas de militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura 1973-84 y omitieron denunciar las confesiones ante la Justicia.
La crisis estalló cuando El Observador publicó, el 30 de marzo, las actas del Tribunal de Honor del Ejército uruguayo en la que había documentos que incluían una confesión del ex militar José Nino Gavazzo, sobre delitos perpetrados durante la dictadura.
Los escritos detallaban que Gavazzo arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro (centro del país) para hacerlo desaparecer. Pero el Tribunal de Honor decidió no pasar esas confesiones a la Justicia.
Asimismo, el medio uruguayo señaló que (el exmilitar Jorge) Silveira declaró que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro. La firma de Vázquez aparece en la resolución de homologación junto a la del subsecretario de Defensa, Daniel Montiel.
«El nudo político del tema para mí está en esa ruptura del pacto de silencio, hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares, y que no hubo intención de desaparecer gente», dijo Vázquez en las declaraciones publicadas este martes.
«El tema es tratar de comprender por qué también en este caso militares que no tenían nada que ver con lo anterior no hicieron la denuncia correspondiente», añadió. Consultado sobre por qué apareció su firma en el acta de homologación, Vázquez respondió que en sus funciones firma una media de 50 resoluciones administrativas por día, lo cual no le da tiempo para revisar cada detalle.
«Yo no homologué lo que actuó el tribunal. Homologué parte del fallo que pasaba a reforma a Silveira y a Gavazzo», señaló. En 2009, Gavazzo y Silvera habían sido condenados como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados. Las dos condenas quedaron firmes en 2011 por sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia, pero el caso de Gomensoro no estaba entre esos crímenes.
El tribunal de honor solo les reprochó a Gavazzo y Silveira que no hubieran declarado en la justicia penal para exculpar del asesinato de Gomensoro a otro militar, Juan Carlos Gómez, inicialmente condenado y luego sobreseído. Pero Silveira fue más allá y dijo al tribunal que Gavazzo no solo fue responsable de la muerte de Gomensoro sino también de la de otro detenido en el Grupo de Artillería Nº 1 y de la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, cuyos restos fueron encontrados en un batallón de Canelones en 2005.
Vázquez dio por hecho, según los medios de Montevideo, que los militares retuvieron información importante y por eso decidió que dejen sus cargos.
Las violaciones de derechos humanos en la última dictadura se comenzaron a conocer a partir de 2005, cuando en su primer mandato Vázquez ordenó que las Fuerzas Armadas develaran la informaciones en su poder.