La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al gobierno nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos.
El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento del plan se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».
Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.
Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».