CLG dialogó con Ariel D'Orazio, referente local del sector, quien habló sobre la situación de los inquilinos ante la cuarentena, en el marco del tratamiento de la Ley de Alquileres en la sesión remota del Senado
Luego de que la semana pasada los senadores de Juntos por el Cambio bloquearan el tratamiento de la Ley de Alquileres, finalmente la Cámara alta de la Nación aprobó el proyecto. En ese marco, el Frente de Inquilinos Nacional hizo una encuesta que reveló que más del 70% de los santafesinos no puede pagar el alquiler de junio en su totalidad.
El relevamiento fue realizado con 810 inquilinos de la provincia, tanto habitacionales como comerciales. El estudio mostró un notorio incremento en la morosidad en viviendas, ya que en marzo el 82% de los encuestados pudo pagar el alquiler, mientras que en junio sólo el 29,5%. Además, casi la mitad contestó que su inmobiliaria no cumplió con el decreto 320 que establece la prórroga de los contratos hasta el 30 de septiembre.
En ese sentido, CLG dialogó con Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, quien habló sobre la encuesta y sobre el nuevo tratamiento de la Ley de Alquileres: «Lo que esta encuesta evidencia es que veníamos en una curva compleja en relación a la morosidad, estábamos en un piso alto de un 9% antes de la pandemia, y hoy tenemos un índice verdaderamente preocupante».
«Sólo 3 de cada 10 santafesinos pueden pagar sin problemas el alquiler. El resto lo tiene que pagar en cuotas o directamente no lo puede pagar, producto de la caída estrepitosa de los ingresos. Si bien hay una herramienta muy importante como el DNU 320 que nos protege hasta el 30 de septiembre, esta situación habla a las claras de que uno de los sectores más vulnerables son los inquilinos y las inquilinas», agregó.
En el relevamiento, el 49,8% de los encuestados respondió que el locador o la inmobiliaria no cumplió con el decreto de necesidad y urgencia 320, principalmente porque no se congeló el valor del alquiler o porque no se otorgó un CBU para transferir. Al respecto, D’Orazio señaló: «En muchos casos vemos que hay un hostigamiento para firmar contratos, cuando hay una prórroga establecida hasta el 30 de septiembre. Primero, eso genera ingresos a las inmobiliarias porque cobran la comisión, y también porque al estar muy cerca la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres las condiciones contractuales son más beneficiosas para el inquilino con esa ley a diferencia a lo que sucede hoy».
En ese sentido, el coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos se refirió en detalle a las complicaciones de inquilinos con inmobiliarias al intenar una transferencia: «La traba sigue presente, lo que hizo la pandemia fue visibilizar esa situación de cómo opera el mercado inmobiliario. En encuestas anteriores habíamos evidenciado que el 70% del mercado en Santa Fe operaba en negro y a nivel nacional el número era mayor, cerca del 80%».
«No otorgar el CBU responde a no declarar esos ingresos que están percibiendo en concepto de rentas. Además, lo que existe hoy es un abuso de ciertas inmobiliarias que, al otorgar el CBU, pretenden trasladar un gasto por transferencia bancaria al inquilino, algo que no existe porque el BCRA establece la gratuidad de las transferencias entre cuentas bancarias. Es por eso que la Ley de Alquileres nos parece tan importante porque establece la obligatoriedad de registrar los contratos en Afip, algo que nos parece fundamental», añadió.
Con respecto a la implementación de la Ley de Alquileres, indicó: «Ya estamos en contacto con la ministra María Eugenia Bielsa y cuánto antes se reglamente la ley y entre en vigencia, mejor. Entendemos que, como es de orden público, no debería demorar más de diez días en implementarse».