Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de "Vicarios Regionales"
Cuatro sacerdotes del Opus Dei serán indagados en el corto plazo, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, acusados de trata de personas y de reducción a la servidumbre.
La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, por los presuntos delitos que se les imputan a los religiosos en perjuicio de 44 mujeres -la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución-, y de trata de personas en cuatro de esos casos, entre 1972 y 2015.
El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, Daniel Rafecas.
Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de «Vicarios Regionales» y otro el de «Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres», dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.
Según la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.
Una vez ingresadas como se las sometía a un régimen de «formación espiritual, profesional y laboral», y si mostraban vocación para ser «numerarias auxiliares»- categoría compuesta exclusivamente por mujeres- eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.
Luego de haber sido captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.