Como defensora de la salud pública desde los inicios de su actividad, tanto como de todo avance en normativas que garanticen seguridad a los profesionales y mejor atención a los pacientes, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) consideró errada, más allá de sus buenas intenciones, a la ley nacional de salud mental.
Esa normativa, que lleva el número 26.657, legisló sobre asuntos que, tal como quedó en evidencia por sus omisiones y simplificaciones, se redactó pensando más en innovadores enfoques no contrastados que en el beneficio de la población y, desde ya, por los propios afectados por dolencias específicas.
Por supuesto, la institución que presido debatió profundamente en todos los ámbitos, con la base de que nunca avaló ni avalará políticas de salud mental que impliquen el cierre de hospitales de esta especialidad, ni la dilución de las incumbencias del médico/a psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario. Que, podía interpretarse, era uno de los sentidos de esa ley. Por el contrario, estoy convencido de que la mejor manera de avanzar con un sistema de salud moderno es lograr consenso para mejorar los hospitales, no para cerrarlos.
Estas posturas quedaron refrendadas en el acta acuerdo firmada el 16 de julio pasado, en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza que no se cerrará ningún hospital y que, por el contrario, progresivamente se refuncionalizarán esos centros, para transformarlos en hospitales polivalentes, especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias.
Aquellos que promovieron y aún promueven los cierres demuestran un notorio desconocimiento respecto de la evolución que han tenido hospitales como el Borda, el Moyano, el Tobar García, el Alvear, el Ameghino. Los neuropsiquiátricos se fueron reconvirtiendo, evolucionando, ya no son manicomios. Porque, es obvio pero hay que decirlo, no estamos a favor de una política de salud mental medievalista y retrógrada.
Sólo habría que pensar en qué pasaría con los pacientes con grandes dificultades para ser externados, por problemas sociales, familiares o habitacionales. Clausurar los hospitales de salud mental hubiese significado, en estos casos, disminuir la asistencia de la salud pública en general. Porque estos nosocomios no son lugares de reclusión, sino de tratamiento y contención, donde son los equipos de salud mental los que se encargan del cuidado de los Derechos Humanos de los pacientes.
Debemos ser honestos: desde la sanción de la ley de salud mental, sólo desde el equipo de Salud Mental de la Ciudad hubo interés notorio en contribuir con la refuncionalización de los hospitales. Es así que, bajo las ideas de adaptación, mejora y crecimiento, pronto se aportará tecnología y se construirán casas de medio camino.
Los hospitales cumplen un rol fundamental a favor de una sociedad que los necesita. Además, la mera idea de dejar a los pacientes con enfermedades mentales en la calle o bajo la atención de hospitales generales de agudos representa un desconocimiento total sobre lo que significa, en profundidad, la salud pública.
Este último acuerdo con el Gobierno de la Ciudad demuestra que la AMM, por impulso de los médicos que la conforman, preconiza y logra los objetivos, poniendo como prioridad a la salud pública, las condiciones y medio ambiente de trabajo de los médicos municipales y la calidad de atención de los pacientes. Por ello, nos vimos en la obligación de bregar por la reforma de una ley que intentaba cerrar hospitales el año próximo.
Reafirmamos, con la experiencia de lo acontecido, que sin hospitales neuropsiquiátricos, no hay salud mental y hacemos carne un principio caro a la riquísima historia de la salud y la educación públicas argentinas: por los guardapolvos blancos en los hospitales de la ciudad es que no permitimos ni permitiremos que se clausure y cierre ningún hospital de salud mental.
Por el Dr. Jorge Gilardi, Presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.
