Una condena de ambas delegaciones contra los ataques xenófobos y la violenta que sufrieron inmigrantes venezolanos en Chile la semana pasada
La tercera ronda del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos que se celebra en México con el auspicio de Noruega concluyó sin acuerdos importantes y con una condena de ambas delegaciones contra los ataques xenófobos y la violenta que sufrieron inmigrantes venezolanos en Chile la semana pasada.
«Las partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada. También los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social económica y política», señaló un comunicado publicado anoche en Twitter por el Noruega, el mediador en este proceso.
Las delegaciones «coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación así como en los acuerdos que lleguen alcanzarse», agregó el texto.
Los firmantes rechazaron además tajantemente los actos de violencia ocurridos el sábado durante una marcha anti-inmigratoria en la norteña ciudad chilena de Iquique, en la que un grupo manifestantes quemó las carpas, ropas y pertenencias que eran utilizadas por migrantes venezolanos para dormir en plazas y playas. «Las delegaciones expresaron su rechazo a las acciones de xenofobia perpetradas contra venezolanos en Chile, las cuales constituyen una violación de los derechos humanos», destacó el texto.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó «categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares» y prometió que no habrá impunidad.
Tanto la delegación del Gobierno venezolano, liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, como la de la oposición, representada por el empresario Gerardo Blyde, rechazaron «la campaña de odio emprendida contra los venezolanos en diversos países».
Además de la falta de acuerdos importantes, esta tercera ronda arrancó con retraso el fin de semana tras una serie de contratiempos.
En teoría, en esta etapa los encuentros debían centrarse en una reforma judicial en Venezuela, pero en el comunicado apenas mencionó el tema y se limitó a expresar que «se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había expresado su deseo de alcanzar «nuevos acuerdos» en la tercera ronda de diálogo con la oposición, pero sólo se anunció «realizar en lo inmediato» consultas con actores políticos y sociales nacionales e internacionales, si más detalles.
El diálogo se pudo retomar después de que Noruega, árbitro en las negociaciones, reafirmara su «imparcialidad», un gesto reclamado por el Gobierno luego que la primera ministra, Erna Solberg, criticara ante la ONU las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En los días previos el Gobierno venezolano había acusado a Estados Unidos de dar órdenes a la oposición «sobre qué hacer en la mesa de diálogo» y había anunciado el nombramiento del empresario colombiano Alex Saab como miembro de su delegación, pese a estar preso en Cabo Verde, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
El proceso de diálogo arrancó el pasado 13 de agosto en el Museo Nacional de Antropología de México tras varios fracasados acercamientos de los últimos años en Barbados y en República Dominicana.
En esa primera jornada, las delegaciones firmaron un memorando con siete puntos a tratar: derechos políticos, un cronograma electoral con garantías, respeto al estado de Derecho, el levantamiento de sanciones, la renuncia a la violencia, medidas de protección social y garantías de implementación de lo acordado.
Aunque las conversaciones iniciales se alargaron hasta el 15 de agosto, recién en la segunda ronda de contactos, entre el 3 y el 6 de septiembre, se cerraron los primeros acuerdos y pactaron reivindicar de manera conjunta la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba, disputada entre Venezuela y Guayana.
También avanzaron en un «acuerdo parcial para la protección social del pueblo» a fin de que el Gobierno de Maduro pueda recuperar activos congelados en el extranjero por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por denuncias de violaciones a los derechos humanos y en apoyo al reclamo político de la oposición venezolana.