El tribunal oral que juzgará a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa desde el próximo 13 de junio por evasión multimillonaria en la petrolera Oil Combustibles rechazó excarcelarlos ante maniobras de ambos que mostraron su «desapego» a cumplir las medidas impuestas por la Justicia sobre su patrimonio.
«No han variado las circunstancias que motivaron al dictado de la prisión preventiva. Toda vez que la conducta procesal valorada por el magistrado instructor demuestra su desapego frente a la consecución del fin del proceso», evaluaron los jueces del Tribunal Oral Federal 3, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.
Los jueces recordaron que cuando ordenó detenerlos, el juez de instrucción que investigó el caso, Julián Ercolini, «tomó su decisión ante las maniobras desplegadas por De Sousa y Lopez tendientes a impedir la conservación de su patrimonio, desoyendo las disposiciones jurisdiccionales que habían sido ordenadas en su resguardo», según resoluciones a las que accedió Télam.
Tampoco se accedió a pedidos para morigerar la prisión preventiva, mediante dispositivos de control como la tobillera electrónica.
El Tribunal sostuvo además que el tiempo que ambos llevan detenidos en esta investigación «no resulta desproporcionado con relación a la extensión temporal, la complejidad y la naturaleza de los hechos investigados en atención a la vinculación entre la esfera pública y privada que supone la hipótesis a debatir, cuya fecha de inicio se encuentra fijada para el próximo 13 de junio del corriente».
López y De Sousa serán juzgados en la causa donde están procesados con prisión preventiva, en un juicio donde actuará como fiscal Juan García Elorrio y donde la Afip intervendrá como querellante con abogados del organismo y el refuerzo, como «abogado externo», de Alejandro Carrió.
En el banquillo de los acusados, además, estará el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, procesado por supuesto encubrimiento del accionar de los empresarios, a quienes el organismo otorgó «de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada» planes de pago especiales sobre el impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, según la acusación fiscal.
Los dueños del grupo Indalo están procesados por supuesta «administración fraudulenta agravada» en perjuicio de la administración pública a raíz de no haber pagado al fisco el impuesto a los combustibles líquidos que se les retenía a los usuarios de las estaciones de servicio de Oil Combustibles.
Ese dinero evadido, unos 8 mil millones de pesos, se habría usado, según la acusación, para financiar otras empresas del grupo durante el kirchnerismo, como las vinculadas a medios de comunicación.
El juicio se iniciará el 13 de junio en los tribunales federales de Retiro, tendrá audiencias los martes y se prevé que declaren medio centenar de testigos.