Unos 340 presos alojados en seis complejos penitenciarios piden al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios por el riesgo de contagio
Más de 340 presos alojados en seis complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires iniciaron en las últimas horas una huelga de hambre para reclamar al Poder Judicial que les otorgue excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia de coronavirus, dijeron fuentes penitenciarias.
Paralelamente, Defensores Generales pidieron al gobierno la conmutación de penas de algunos detenidos. Una fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó a Télam que se trata de se trata de 341 internos que presentaron por escrito sus reclamos ante una mesa de mediación que se reunió en la Unidad 48 de San Martín.
De la mesa, participaron el integrante del Tribunal Penal de Casación Bonaerense, Víctor Violini; el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; y defensores oficiales de distintos departamentos judiciales, entre otros.
Tras la reunión, los 19 Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires pidieron al gobernador Axel Kicillof que conmute las penas de las personas privadas de libertad condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso.
En la solicitud, a la que tuvo acceso Télam, los defensores piden que la misma medida se aplique también a los condenados por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
“La situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria”, graficaron.
Además, consignaron “el registro del contagio de un interno y de cinco trabajadores penitenciarios indica que el tiempo se agota para disponer medidas en forma racional y ordenada”.
Según la nota a la que accedió Télam, los Defensores plantearon que saben “del compromiso del Ejecutivo con el respeto de los derechos humanos de toda la comunidad, sin distinciones y exclusiones, y las dificultades para conciliar los intereses en juego”.
Sin embargo, consideraron que creen que su “propuesta”, aún cuando su “misión es defender un interés particular, contempla el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener en la defensa de los intereses generales de la comunidad en un Estado democrático, ello por razones de proporcionalidad entre tales intereses”.