La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó la apelación de la defensa contra la prisión preventiva
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó este lunes la apelación presentada por la defensa del juez federal Marcelo Bailaque contra la prisión preventiva dictada en su contra. El magistrado, imputado en tres causas penales por delitos graves, recibió como medida cautelar el arresto domiciliario por 90 días. Sin embargo, esta disposición no podrá hacerse efectiva por el momento, ya que Bailaque continúa en funciones y goza de fueros judiciales.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Élida Vidal, quienes avalaron el pedido del Ministerio Público Fiscal y consideraron que subsiste el riesgo de entorpecimiento en la investigación, a pesar de haberse descartado el peligro de fuga.
Durante la lectura de la resolución, los jueces remarcaron que la causa es «compleja», no solo por la figura del imputado —un juez federal en funciones—, sino también por el entramado de irregularidades que se investiga en tres expedientes judiciales. Entre ellos, se encuentran el manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, una llamativa inacción en una causa contra el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, y una presunta operación para perjudicar a un empresario a través de una denuncia anónima y desprolija.
En paralelo, la Cámara fijó un embargo de 600 millones de pesos sobre los bienes de Bailaque, una cifra reducida respecto de los 1.400 millones establecidos previamente por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Pese a la resolución judicial, Bailaque no quedará detenido en su domicilio hasta tanto el Consejo de la Magistratura defina si corresponde su desafuero o una suspensión provisoria. Esta situación, según expertos judiciales, pone mayor presión sobre el órgano encargado de evaluar el desempeño de los magistrados.
Las imputaciones contra Bailaque fueron impulsadas por los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Rosario). Entre las acusaciones más graves se señala la posible connivencia con el contador Gabriel Mizzau —vinculado tanto al magistrado como al entorno de Alvarado— y el desvío de fondos de la cooperativa portuaria hacia una mutual controlada por un amigo personal del juez, el financista Fernando Whpei, quien también fue imputado y quedó con prisión preventiva.
Otra causa que complica al juez federal involucra al empresario Claudio Iglesias, quien fue investigado a partir de una denuncia anónima vinculada a la ex Afip y que derivó en medidas judiciales presuntamente direccionadas por Bailaque en colaboración con funcionarios aduaneros. Uno de esos funcionarios, Carlos Vaudagna, aceptó ser «arrepentido» y confesó maniobras extorsivas dentro del esquema investigado.
Por ahora, la situación del magistrado permanece en un limbo legal: la Justicia lo considera un factor de entorpecimiento para la causa, pero sus fueros lo protegen de la medida dispuesta. El próximo paso clave será la definición del Consejo de la Magistratura.