La oposición quedó cerca de cantar victoria mañana cuando se vote el proyecto que busca limitar las alzas en las tarifas de servicios públicos, aunque el Gobierno confía en que el Senado le ponga un freno a la iniciativa.
El proyecto en cuestión, que busca retrotraer los valores a noviembre de 2017 y condicionar los futuros ajustes al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), lleva las firmas del bloque Justicialista, del Frente Renovador y del Movimiento Evita, pero también cuenta con el apoyo del Frente para la Victoria, de la izquierda y de otros bloques menores.
La sesión fue pedida para las 12:00 y, según supo NA de fuentes parlamentarias, el oficialismo dará quorum y así facilitará la faena de la oposición, que al filo de esta jornada terminaba de pulir el proyecto.
A cambio, las bancadas del peronismo no kirchnerista y del massismo darán quorum en la sesión convocada a las 10:30 para aprobar, a pedir del Poder Ejecutivo, la nueva ley de Mercado de Capitales (denominado de «Financiamiento productivo») y la de Defensa de la Competencia, ambas con media sanción.
La última norma llegará al recinto sin dictamen, por lo que al tratarse sobre tablas requerirá una mayoría calificada de dos tercios, por lo que su aprobación es una incógnita.
A esta altura la oposición no tenía asegurado todos los votos, porque algunos legisladores del interbloque Argentina Federal, alineados a los gobernadores que se pronunciaron en solidaridad con el Gobierno contra el proyecto, se encuentran entre la espada y la pared y podrían tomar distancia de la postura mayoritaria.
Es el caso de los misioneros del Frente de la Concordia, cuyos cinco diputados se inclinarían por darle la espalda al proyecto, aunque la moneda sigue en el aire.
Con todo, la oposición corre con ventaja y goza de una situación definitivamente más propicia que las dos veces anteriores en que fracasaron al llevar la discusión por las tarifas al recinto: con dictamen de mayoría en el haber, sólo necesitarán cosechar la mayoría simple de votos, es decir, la mitad más uno.
El oficialismo parece ya resignado a perder la votación y cifra sus expectativas en el Senado y en el presidente del bloque Justicialista en esa cámara, Miguel Pichetto.
La única forma de evitar el abultado costo político que supondría un veto presidencial, en medio de una situación que ya viene convulsionada producto de la disparada del dólar y la pérdida de reservas, es anestesiar el proyecto de tarifas en la Cámara alta.
Consultado al respecto, el presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, indicó que «el presidente (Mauricio Macri) manifestó que si que si conlleva un costo político vetar esta irracionalidad (freno al aumento de las tarifas), está dispuesto a llevarlo adelante».
«Antes de pensar eso, deberíamos pensar a la inversa. Hace 12 años que se tienen congeladas las tarifas y se propone aumentar el presupuesto a 270 mil millones en un momento en el que el país atraviesa turbulencias y nos cuesta salir desde donde venimos; se necesita tiempo para evitar males mayores», dijo en declaraciones a Cadena 3.
La solicitud de la sesión, dirigida al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, lleva las firmas de los diputados Mario Negri (jefe bloque UCR), Nicolás Massot (jefe bloque PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Silvia Lospennato (PRO), Josefina Mendoza (UCR), Gustavo Menna (UCR), Fabio Quetglas (UCR), Miguel Bazze (UCR), Luis Borsani (UCR) y Facundo Suárez Lastra (UCR).
El proyecto de «Financiamiento Productivo» apunta a facilitar el acceso a créditos para las pymes, con la incorporción de las letras hipotecarias, en tanto que contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida.
Por otra parte, la iniciativa elimina las multas como fuente de ingresos para evitar conflictos de interés, estipulándose que lo recaudado sea destinado al Tesoro nacional.
Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
El proyecto de Defensa de la Competencia crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
La norma propuesta prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de «repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento», entre otros puntos.
Según supo NA de fuentes parlamentarias del kirchnerismo, el Frente para la Victoria se diferenciará de las bancadas del peronismo «dialoguista» y no aportará quórum para la sesión del primer turno, y en caso de que, tal como se presupone, el oficialismo consigue el número para sesionar, votará en contra tanto del proyecto de Mercado de Capitales como del de Defensa de la Competencia.