La Cámara alta sesiona esta tarde para tratar el proyecto que reforma la Ley de Ministerio Público y flexibiliza las condiciones para la designación del Procurador General
El Senado sesionaba esta tarde para tratar el proyecto del oficialismo que reforma la Ley de Ministerio Público Fiscal y flexibiliza las condiciones para la designación del procurador General de la Nación.
Además, la Cámara alta votará la prórroga del protocolo para las sesiones remotas hasta el 1 de marzo, firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La iniciativa impulsada por el Frente de Todos, que entre otros cambios baja la mayoría requerida en el Senado para designar al jefe de los fiscales, comenzó a ser discutida después del tratamiento de la prórroga de las sesiones remotas y varios temas de consenso, y se espera que se vote alrededor de las 22:00.
El defensor inicial del proyecto fue el oficialista Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia, quien destacó la eliminación del mandato vitalicio del procurador con «un plazo de cinco años, reelegible por un período más», y que «no puede ser designado cuando hay elección presidencial».
«Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de dos tercios. Esto no quiere decir que no los busquemos, lo que quiere decir es que hay un mínimo, que es mayoría absoluta, 37 votos», agregó Parrilli.
El neuquino también destacó que el proyecto le da a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público la facultad de «evaluar la política criminal» que diseña adelante la Procuración General por estar a cargo de los fiscales.
La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.
También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.
Además, modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.