El defensor de la tercera edad se refirió a la distribución desigual de las vacunas contra el coronavirus que terminó con la salida del ministro de Salud, Ginés González García
El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, expresó su enojo por el escándalo del «vacunatorio VIP». Además, dijo que hasta ahora fue vacunado menos del medio ciento del total de las personas de la tercera edad, unas 7 millones en todo el país.
Semino manifestó su bronca por el abandono de los que más necesitan ser inoculados: “Hay miles de adultos mayores que no pueden inmunizarse porque no hay vacunas, y ante la escasez extrema encima vemos que la relación causal directa es que tenemos brotes en geriátricos y se viene la segunda ola”.
“Evidentemente esto se manejó clientelarmente. En Argentina hay una vacunación testimonial. No hay una proporción suficiente. Encima se la ponen funcionarios jóvenes y sin estar en grupos de riesgo. Más allá de los nombres, acá hay una gran responsabilidad de todos. Hay que modificar la estrategia de vacunación, porque la estrategia de ahora es como si hubiese 20 millones de dosis en el país”, sostuvo el defensor de la tercera edad.
Por otra parte, ante la aceptación por parte del gobierno ruso de su incapacidad para abastecer la demanda de vacunas Sputnik-V, Semino solicitó a las autoridades argentinas que se haga pública toda la información del contrato firmado con el Fondo Soberano de la Federación Rusa para la provisión de dicha vacuna a nuestro país.
En su calidad de Defensor de la Tercera Edad y de particular damnificado, el hombre propone demandar al Fondo Soberano de la Federación Rusa por incumplimiento de contrato.
«Según declaraciones del ex ministro de Salud, Ginés González García, el contrato dice que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos. Y como ocurre con cualquier contrato, la falta de cumplimiento de una de las partes conlleva penalidades o habilita a la otra parte a realizar acciones para demandar el cumplimiento de lo pautado. Se debe hacer público el contrato para que los damnificados por su incumplimiento puedan realizar las acciones pertinentes. La Argentina, como Estado soberano, no debe quedarse de brazos cruzados aceptando pasivamente la situación, especialmente en un caso que afecta de manera directa la salud de toda su población y en particular de las personas mayores», concluyó Semino.