En medio de otro escándalo, las fuerzas policiales de Santa Fe quedaron al descubierto con sus métodos. Seis policías del Comando Radioeléctrico de la Costa, en la ciudad de Santa Fe fueron denunciados por torturas, vejaciones y obviamente abuso de autoridad. Además, los seis uniformados fueron imputados por 41 casos en los cuales se incluye el robo en procedimientos falsos. Las prácticas aluden a épocas en que el poder policial era ilimitado, más o menos como se está proponiendo ahora.
La investigación se inició en octubre del año pasado, cuando comenzaron a recibirse denuncias de allanamientos por causas fraguadas durante los que las víctimas eran torturadas en muchos casos. Entre los seis policías denunciados figura una jefa.
Los polis organizaban allanamientos a partir de causas truchas, como denuncias por robos o portación de armas sin autorización. En el acta fraguada asentaban que se había realizado una persecución, o actuaban que simulaba esta banda ocurrían de día. En algunos casos, llegaban a las viviendas adjudicándoles robos o portación de armas sin permiso judicial. En el acta dejaban sentado una persecución, un asalto, una búsqueda de un supuesto delincuente.
Según el fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la investigación, la mujer policía está acusada de encabezar los operativos y era la jefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.
Los polis entraban en modo allanamiento a las viviendas, a los golpes. El fiscal reveló que entre las denuncias, una mujer sostuvo que por los golpes perdió su embarazo. La mujer fue salvajemente golpeada durante el allanamiento a su casa. También su pareja y su cuñado. Después, la mujer fue trasladada a la comisaría, “donde le siguieron pegando –dijo Hernández– a pesar de haberles dicho que estaba embarazada. Y perdió el bebé”.
También sufrió torturas “un adolescente discapacitado al que obligaron a meter los dedos en un ventilador y un hombre, sometido a besar los borceguíes de los policías”, informó el investigador. “Cuando iba el médico policial a constatar los golpes, las víctimas eran amenazadas con que las iban a matar o les iban a llevar a sus hijos, quemar la casa, o hacerlos desaparecer”.
Los seis uniformados podrían recibir en caso de ser condenados, penas de entre 8 y 25 años.
Fuente: Página/12