Laura Patricia Sosa está acusada de ser una figura clave para la obtención de dinero de manera ilícita
Una mujer de Rosario que irá a juicio junto a dos de sus hijos como miembros de una banda narcocriminal que dirigía otro hijo, asesinado en 2021, continuará en prisión preventiva acusada por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento, informaron hoy fuentes judiciales.
La defensa de la mujer, identificada como Laura Patricia Sosa, había solicitado la revisión de la prisión domiciliaria para que quedara en libertad, pero el fiscal Alejandro Ferlazzo mantuvo su pedido, que fue concedido por la jueza María Trinidad Chiabrera, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En noviembre del año pasado el fiscal Ferlazzo pidió la elevación a juicio de la causa que tiene a Sosa como acusada, para quien pidió 8 años de prisión.
En esa misma audiencia, solicitó 30 años para una de las hijas, Nadia Sosa; 10 años para el hermano Ricardo Franke; y prisión perpetua para Nicolás Gabriel Lezcano, considerado jefe de la banda.
De acuerdo a la investigación, Lezcano heredó la conducción de la organización criminal de otro hijo de Sosa, Pablo, alias “Fino”, luego de su asesinato en agosto de 2021.
Para Ferlazzo, los investigados conformaron una asociación ilícita “con permanencia en el tiempo destinada a cometer múltiples delitos tales como usurpaciones, robos, escruches, balaceras a personas e inmuebles, amenazas, adquisición y entrega de armas de fuego y municiones”.
De acuerdo a la acusación, también realizaron “ataques contra la integridad física de personas, tales como homicidios y lesiones, instigación mediante entrega de dinero a supuestos testigos para que brinden testimonios falsos ante la justicia, entrega de dinero para hackear cuentas informáticas y obtener datos de testigos, y adquisición y venta de estupefacientes”.
En ese contexto, Laura Sosa está acusada de ser una figura “clave para la obtención de dinero de manera ilícita, con particular relevancia de la utilización de su vivienda de Montevideo al 1300 de Granadero Baigorria como espacio de guarda de objetos ilícitos”.
También de manejar teléfonos celulares para las comunicaciones de la banda, así como “la venta y guarda de material estupefaciente”.
Ferlazzo también le atribuyó haber comprado o recibido una moto Honda 110 sin dominio que tenía pedido de captura como robada.
La investigación se inició tras el asesinato de un joven llamado Facundo Contreras, ocurrido en diciembre de 2020 cuando fue baleado desde un auto en movimiento mientras tomaba algo en la calle con un grupo de amigos, entre los que estaba Alejandro Corapi, un presunto narco de Granadero Baigorria.
El joven, que no tenía ningún vínculo con la nacrocriminalidad, quedó en medio de la balacera aparentemente destinada a Corapi, que fue asesinado luego en un doble crimen a fines del año pasado.
Por el asesinato de Contreras fue imputado como autor Nicolás Lezcano, quien heredó la banda tras el crimen de “Fino” Sosa, y el móvil sería la competencia por el comercio de estupefacientes en Granadero Baigorria, localidad ubicada al norte de Rosario.