Esta semana se produjo la mejor noticia para los países más pobres: el inicio de la distribución de dosis a través del mecanismo solidario Covax
Los países que pretenden la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus iniciarán una carrera de diez días para sumar voluntades antes de la nueva cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se enfrentarán al rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
En paralelo esta semana se produjo la mejor noticia para los países más pobres: el inicio de la distribución de dosis a través del mecanismo solidario Covax.
El aeropuerto de Accra, capital de Ghana, acaparó esta semana todas las miradas –y seguramente algo de envidia- porque hasta allí llegó desde India el primer cargamento de vacunas financiado por el instrumento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca que los inmunizadores lleguen a naciones pobres.
Un par de días después fue Costa de Marfil el que vio llegar a su aeropuerto de Abiyán una carga de 504.000 dosis de AstraZeneca-Oxford también a través del Covax.
La puesta en marcha de este esquema, aunque demorada, constituye una brisa de esperanza para los países con menos recursos, que ven cómo las naciones más poderosas compran por demás lotes que ni siquiera fueron aún producidas.
No aparece con claridad aún cuánto de eso puede resolverse si, como pretenden unos 100 países –incluida la Argentina- se impone en la OMC la exención, aunque sea temporal, de los derechos de propiedad intelectual de las varias vacunas ya aprobadas o en vías de lograrlo.
Hace semanas que circula por redes un dato que alguien rescató de la historia: en marzo de 1922, los canadienses Frederick Banting y Charles Best anunciaron el descubrimiento de la insulina, que cambiaría la vida de millones de personas diabéticas en el mundo. Como juzgaron que debía estar al alcance de todos, vendieron la patente al simbólico precio de 1 dólar a la Universidad de Toronto.
Paradójicamente, todo pasó en Canadá, país que ya acordó la compra de un número de vacunas que multiplica por cinco su población total.
Algo de aquel ejemplo es el que se busca ahora en la OMC, con un bloque al que esta semana se sumó la Unión Africana (UA) y que aspira, en base a una iniciativa primera de India y Sudáfrica, a que se liberen las patentes «hasta que haya una gran vacunación a escala global y la mayoría de la población mundial esté inmunizada».
La semana mostró una larga fila de voces a la búsqueda de sensibilizar corazones de países poderosos: Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), Médicos sin Fronteras (MSF), Unesco y Unicef, entre otras organizaciones y entidades, denunciaron la desigualdad en la vacunación.
Pero el pronunciamiento más llamativo fue la del Consejo de Seguridad de la ONU, que por unanimidad y a propuesta del Reino Unido, aprobó ayer una resolución que subraya «la urgente necesidad de solidaridad, equidad y eficiencia» y pide la «donación» de vacunas desde «las economías desarrolladas y de todos aquellos en condiciones de hacerlo a países de ingresos bajos y medianos».
Además, el Consejo exhortó al «fortalecimiento de los enfoques nacionales y multilaterales y la cooperación internacional para facilitar un acceso equitativo y asequible a las vacunas contra la Covid-19 en países en conflicto armado o en situaciones de pos-conflicto o de emergencia humanitaria compleja».
Aunque sorprendente, el pedido no tiene que ver con la gratuidad de patentes, que parece destinada al fracaso porque los miembros de la OMC toman decisiones por consenso y no se prevé un acuerdo ante la fuerte oposición de la UE y EEUU, países donde prosperan grupos farmacéuticos como Pfizer, BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson.
Algunos cifran esperanzas en un cambio de postura del mandatario estadounidense, Joe Biden, en los reiterados pronunciamientos en el mismo sentido de la OMS y la ONU, y en la postura de algunos líderes del G7 en su reunión de la semana pasada, aunque allí solo se pronunciaron por donaciones de excedentes.
Algo sobre el tema dijo la flamante titular de la OMC (y primera nacida en África), Ngozi Okonjo-Iweala, que reclamó al Reino Unido que no espere a tener un excedente para empezar a compartirlas con países más pobres. «Si van a hacer una donación deberían hacerla ahora, porque el acceso igualitario para los países pobres beneficia a los países ricos», evaluó la nigeriana.
Si de voces poderosas se trata, también la titular del FMI, Kristalina Georgieva, sumó la suya a favor de «una colaboración internacional más robusta para acelerar el despliegue de vacunas en los países pobres», atento a que «los argumentos a favor de una acción coordinada son abrumadores».
El abanico de reclamos se completó con Unesco, cuya directora, la francesa Audrey Azoulay, pidió que las vacunas fueran declaradas «bien de interés público mundial para garantizar un reparto equitativo».
Mientras, a la buena noticia de las vacunas en Ghana y Costa de Marfil mediante el Covax –que espera dotar de dosis al 20% de la población de casi 200 países- se sumó que China pareció destrabar la producción y sus lotes de Sinopharm empezaron a llegar a la región, por ejemplo, a Bolivia y la Argentina, y otro tanto ocurrió con Pfizer en Colombia y Ecuador.
China parece llamada a un rol central: el jueves aprobó otras dos vacunas propias contra la Covid-19, desarrolladas por CanSino Biologics y una unidad de Sinopharm.
El embajador argentino en Beijing también vaticina un papel preponderante del gigante asiático: «a partir del mes que viene, China va a asombrar al mundo con la cantidad de vacunas que va a enviar» a diferentes países. «En unos meses, va a ser el único proveedor global de vacunas», pronosticó Sabino Vaca Narvaja.