La psicóloga social María Rosa Daglio murió el viernes pasado tras ser asaltada y arrastrada por el ocupante de una moto. El presunto autor del crimen seguirá detenido
El hombre acusado de ser el «motochorro» que mató durante un asalto a una psicóloga en la localidad de Ramos Mejía estaba prófugo desde octubre, cuando fue aprehendido por un robo y se hizo pasar por su hermano para evitar que las autoridades supieran que era un condenado al que le habían dado arresto domiciliario ante el riesgo de contraer Covid-19 en un penal.
Fuentes judiciales aseguraron que Alejandro Miguel Ochoa (55) había sido sentenciado por la justicia marplatense a ocho años y cuatro meses de prisión el 15 de marzo de 2017, por un robo cometido un año antes con una moto, en el que resultaron víctimas Rita Folgado y Giovana Ingola.
Tras ese fallo del Tribunal Oral en los Criminal 4 de la localidad balnearia, el ladrón fue alojado en la Unidad Penal 15 de Batán.
Pero a raíz de una presentación formulada por su defensa en abril de 2020, basada en sus problemas físicos y el riesgo de contraer coronavirus en prisión, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata le otorgó la prisión domiciliaria, que debía cumplir en una vivienda la localidad de Castelar, en el partido de Morón.
La defensora pública de Ochoa señaló entonces que el hombre presentaba una afección pulmonar, y que «en reiteradas oportunidades demandó que se le brinde atención médica pertinente» por «problemas urológicos que lo aquejan».
Consideró en ese sentido que el arresto domiciliario era «la única herramienta adecuada para garantizar fehacientemente el derecho a la salud», como parte de «las personas privadas de su libertad que integran la población en mayor riesgo ante el Coivd-19».
El juez Ricardo Perdichizzi, titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de la localidad balnearia, rechazó ese pedido, al considerar que el eventual tratamiento de los problemas urológicos o respiratorios denunciados no justificaba que dejara la unidad penal.
La defensa apeló esta medida y la Sala 1 de la Cámara, integrada por los jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas, dejó sin efecto el rechazo a la prisión domiciliaria el 29 de abril de 2020.
El tribunal consideró que Ochoa debía ser contemplado como «población de riesgo frente a la pandemia» por las «afecciones de salud padecidas».
Subrayó en su fallo que el Servicio Penitenciario Bonaerense había señalado en un informe médico que estimaba «la conveniencia» de incluir al interno en ese régimen.
Los jueces destacaron además «la conducta ejemplar» del detenido, «su desempeño laboral» en distintas áreas de la cárcel, la promoción de primero y segundo año del secundario entre 2018 y 2019, y «su concurrencia a los talleres de yoga, teatro, alcohólicos anónimos e instructor de ajedrez».
Tras esta resolución de la Cámara, el juez de Ejecución fijó el domicilio de Ochoa en calle Hortiguera 3680, de Castelar, e impuso una serie de condiciones, como no «egresar en ninguna oportunidad y bajo ningún concepto, sin previa y expresa autorización».
Explicó que «cualquier egreso que produzca sin autorización» derivaría «en la revocatoria» del arresto domiciliario y «la inmediata detención», y le impuso además abstenerse del consumo de alcohol y drogas, de la tenencia o portación de arma, y «no cometer nuevos delitos».
De acuerdo a los datos obtenidos por Télam de fuentes judiciales, ya bajo arresto domiciliario, el 1 de octubre último Ochoa fue nuevamente aprehendido en Morón, por un intento de robo.
Al momento de su detención y al ser indagado en los tribunales de ese distrito por el delito de «tentativa de robo», se hizo pasar por su hermano, Esteban Javier (53).
De ese modo logró burlar a los investigadores, quienes lo dejaron en libertad, hasta que el informe dactilar arrojó la verdadera identidad y sus antecedentes.
Ante esta revelación, la Justicia ordenó un allanamiento al domicilio de Ochoa, quien no fue hallado y fue declarado «en rebeldía».
El 8 de octubre último, la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Morón notificó al juez Perdichizzi de este robo cometido por Ochoa una semana antes, por lo que el magistrado ordenó ese mismo día la suspensión preventiva de la prisión domiciliaria y pidió su captura.
El 11 de noviembre, sin rastros del acusado, el juez dispuso la revocatoria de la domiciliaria, debido al «demostrado incumplimiento» de «casi la totalidad de las reglas que se le impusieron».
Además de estos antecedentes, el detenido por el crimen de la psicóloga tiene un prontuario que incluye los delitos de robo, hurto, desobediencia y violación de domicilio y atentado a la autoridad, entre otros, cometidos entre 1990 y 2016.