El caso se destapó en una emisión del programa televisivo Telenoche Investiga el 23 de octubre de 2002 cuando se presentaron en horario central varios testimonios de trabajadores de la Fundación que denunciaban el abuso sexual a cinco niños y adolescentes de entre 11 y 17 años
Al cumplirse 20 años de la emisión del programa periodístico que sacó a la luz los abusos a menores de edad del cura Julio César Grassi, los profesionales que ayudaron a las víctimas recordaron el caso como un «hito» en las denuncias de abuso infantil en la Iglesia a nivel mundial, pero también las amenazas que sufrieron en ese camino hasta la condena a 15 años de prisión del ex titular de la Fundación Felices los Niños.
«Que se lo hayan condenado es muy importante, hay pocos antecedentes en el mundo donde personas tan poderosas cumplan la condena. El cumplimiento de una condena efectiva fue muy reparador para las víctimas», dijo a Télam Juan Pablo Gallego, abogado de la querella.
Enrique Stola, el psiquiatra que atendió a dos adolescentes víctimas del cura, sostuvo que el caso «fue un antes y un después no sólo en las denuncias contra la Iglesia sino también en los abusos que ocurren a nivel intrafamiliar. Se empezó a hablar en toda la sociedad del abuso sexual de las infancias».
El caso se destapó en una emisión del programa televisivo Telenoche Investiga el 23 de octubre de 2002 cuando se presentaron en horario central varios testimonios de trabajadores de la Fundación que denunciaban el abuso sexual a cinco niños y adolescentes de entre 11 y 17 años.
Pero uno de los principales relatos fue el de «Gabriel» -nombre que se dio para proteger su identidad- quien contó cómo había sido obligado a mantener relaciones sexuales con el cura en 1998 cuando tenía 15 años.
A pesar de las graves acusaciones en su contra, Grassi, que hoy tiene 66 años, continuó libre muchos años gracias a que se le otorgó la libertad morigerada, es decir que no se le permitió acercarse a los chicos de la fundación al tiempo que aseguraba que las denuncias en su contra eran parte de una «extorsión».
Durante todos los años que duró la causa, los querellantes denunciaron que desde el entorno de Grassi, quien contaba con grandes conexiones con el poder político, mediático y empresarial del país, intentaron entorpecer la investigación.
«Grassi manejaba los medios, él era famoso y muy poderoso, tenía como 30 abogados. Siempre se intentó frenar la causa, tuvo un apoyo descomunal», relató Gallego, quien recordó que «balearon a testigos clave, casi secuestran a una víctima y le cortaron un dedo a otro», entre otros episodios violentos.
Además, contó que «la justicia de Morón también intentó ayudarlo pero el nivel de prueba que presentamos hizo imposible no condenarlo».
Por su parte Stola dijo a Télam que entraron tres veces a su casa y hasta le dieron una paliza. «Era gente muy pesada la que rodeaba el cura», rememoró.
Grassi comenzó con la Fundación Felices Los Niños gracias al subsidio de 4 millones de dólares y el terreno de 65 hectáreas en el actual partido bonaerense de Hurlingham (por entonces Morón) que le cedió en 1993 quien era ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El cura llegó a tener 17 hogares distribuidos en todo país por los que transitaron más de 6.000 niñas y niños, y ante la opinión pública aparecía como un estandarte de la moralidad y la protección de esos chicos, lo que lo llevó a encabezar campañas de donaciones en estudios televisivos como los de Mirtha Legrand y Susana Giménez.
Luego de varios años de juicio, en junio de 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón condenó a 15 años de prisión a Grassi por dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores, y lo envió a prisión mientras que fue absuelto de las otras acusaciones.
El 20 de septiembre de 2010, el mismo tribunal resolvió que Grassi permaneciera en libertad hasta que la sentencia quedase firme, lo que ocurrió recién en 2013 cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la condena.
Fue entonces cuando se ordenó su detención y fue llevado a la Unidad Penitenciaria Número 41 de la cárcel de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
El 21 de marzo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Nación desestimó por unanimidad diversos recursos presentados por la defensa y dejó firme la sentencia.
A Grassi se le concedió el beneficio del «2×1», es decir, que cada año detenido vale el doble debido a los años que pasó en prisión preventiva, pero en junio de este año la Cámara de Apelaciones de Morón hizo lugar a un recurso presentado por la querella sobre el cómputo de la pena y ahora el sacerdote condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual no saldrá de prisión en 2026 sino en 2028.
«La clave del caso fue la solidez de las palabras de los chicos que denunciaron. Creo que la gente denuncia más a partir del caso Grassi pero también a partir del trabajo que hizo el feminismo para poner este tema en agenda. Se escondía mucho antes, no se le creía a la palabra de los niños», aseguró Stola.
Para Gallego, «el caso Grassi abrió un camino a nivel mundial, empezó a haber más denuncias como en España o Irlanda, por citar algunos lugares. Sin duda ayudó pero el tema de los abusos eclesiásticos no ha encontrado solución ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo».
Además de Grassi, los curas Eduardo Lorenzo, Luis Anguita, Walter Eduardo Avanzini, Nicola Corradi, Horacio Hugo Corbacho y Armando Gómez son algunos de los eclesiásticos denunciados en la Argentina por abuso sexual.
«A partir del caso se empezó a denunciar más, que un cura poderoso vaya preso sacó el miedo a las víctimas para denunciar. Fue un hito y lo sigue siendo, mostró que si uno sigue con firmeza, sin miedos, se puede lograr Justicia», concluyó el abogado.
Aunque no hay datos oficiales, Anne Barret Doyle, de BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos), dijo a Télam en 2019 que «la cifra de curas acusados de abuso (en la Argentina) hoy llega a cerca de 100, pero sabemos que esto es una fracción pequeña del número real».
Y agregó: «Calculamos que podrían llegar a 1.300 los agresores sexuales dentro de la Iglesia argentina y eso se basa en la extrapolación de la relación entre los casos públicamente expuestos y los que la propia Iglesia se vio forzada a divulgar en países como Irlanda, Australia y Estados Unidos».