Horacio García, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, anunció este viernes que las autoridades van a «cancelar la residencia» de aquellos extranjeros que fueron detenidos por los incidentes en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el Presupuesto, que obtuvo aprobación de la Cámara de Diputados.
No obstante, García aclaró que se esperará la realización de un «juicio abreviado para analizar los pasos a seguir, ya que por el momento no se puede realizar una deportación hasta que no exista una imputación judicial de los detenidos, que ya fueron liberados».
«Vamos a cancelar la residencia y esperaremos que el Ministerio Público tome las declaraciones indagatorias para ver si se les imputa algún delito», dijo el funcionario.
García se refirió así a los cuatro extranjeros detenidos, entre ellos dos hermanos venezolanos, Felipe Puelo Artigas y Eduardo Puelo Artigas (de 31 y 23 años, respectivamente); un turco, Anil Baran (27 años); y un paraguayo, Luis Fretes (36 años).
«Después veremos si esto llega a un juicio abreviado, que sería una solución para poder expulsarlos y que tengan su debido proceso judicial», aclaró.
El funcionario explicó, en diálogo con radio Mitre, que «la voluntad política es producir la expulsión de las personas que rompen el contrato de confianza con la Argentina».
«La puerta está abierta para los que vienen a trabajar y a estudiar, y esto es restrictivo para los que vienen con otros fines», definió el titular de Migraciones.
Añadió que «la persona que ingresa (al país) tiene que estar sujeta a la ley y si la infringe, debe salir deportada; sin embargo, aquí todos fueron beneficiados con la excarcelación».
En este contexto, ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, detallaron que el Gobierno se puso en «contacto» con la Justicia para que se realice un «juicio abreviado» sobre los extranjeros detenidos y así poder apurar su expulsión.