Analistas observan este movimiento como una señal positiva en la intención de modificar la Constitución provincial
La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves una reforma judicial que redefine la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ampliándola a siete miembros y estableciendo nuevas regulaciones para sus integrantes. Esta reforma representa el segundo gran objetivo del gobierno de Maximiliano Pullaro, tras la reciente reforma previsional.
La reforma fue aprobada gracias a la mayoría oficialista y a una parte de la oposición, con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado dio su aprobación en un proceso exprés, completando el trámite legislativo pasadas las 19.30 horas. Entre los cambios destacados, la ley estipula que los magistrados de la Corte deberán cesar sus funciones al cumplir 75 años, salvo que el gobernador decida renovar sus pliegos, previa aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que extendería su permanencia por cinco años más. Este cambio apunta a garantizar la renovación constante de la Corte, siguiendo la premisa de que «nadie puede quedarse para siempre en el Poder Judicial».
Uno de los puntos más innovadores de la reforma es la introducción de audiencias públicas, que permitirá a la ciudadanía expresar opiniones sobre las decisiones del tribunal. También se incluye la obligación de que la Corte Suprema publique anualmente un informe de gestión en su portal web, promoviendo los principios de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. Además, el proyecto aprobado establece que el proceso de nombramiento de jueces deberá permitir observaciones y preguntas de la ciudadanía sobre los pliegos de los candidatos.
La ley aprobada introduce además el principio de paridad de género en la Corte, y enfatiza la importancia de una representación que contemple la procedencia regional de sus integrantes. Para cumplir con este requisito, se establece que en cada sesión se deberá reunir la mayoría de los jueces designados y que para la emisión de pronunciamientos válidos se necesitará una mayoría de los votos de los ministros presentes. También se estableció que los integrantes del tribunal deberán cumplir con la obligación de asistir diariamente a sus oficinas.
Debate político en torno a la reforma
El proceso de aprobación no estuvo exento de tensiones políticas. Durante el debate, la diputada Amalia Granata generó polémica al comparar al gobernador Pullaro con Gildo Insfrán, cuestionando lo que consideró una “Corte adicta” al poder de turno. Otros legisladores, como Rubén Galassi, respondieron a las críticas afirmando que Pullaro obtuvo más de un millón de votos, sugiriendo que el gobernador cuenta con un fuerte respaldo ciudadano.
Por otro lado, se discute cómo se aplicará el límite de 75 años a los actuales miembros de la Corte. La decisión plantea interrogantes sobre si los jueces que ya superaron esa edad deberán retirarse de inmediato o si se aplicará únicamente a los nuevos nombramientos. Desde la Casa Gris, se considera la posibilidad de que el gobernador emita un decreto que aplique la nueva ley a los jueces actuales, lo que ha generado críticas en algunos sectores de la oposición que interpretan esta medida como un intento de ejercer un control directo sobre el Poder Judicial
Sin aumento de presupuesto
A pesar de las modificaciones, la ley establece que la ampliación a un séptimo miembro en la Corte y la creación de nuevos cargos administrativos deberán realizarse sin incremento del presupuesto provincial. Para ello, se propone la readecuación de puestos vacantes, con el objetivo de hacer la justicia más eficiente sin elevar el gasto público.
La aprobación de la reforma judicial supone un paso más en la reestructuración institucional impulsada por la administración de Pullaro. Algunos analistas observan este movimiento como una señal positiva en la intención de modificar la Constitución provincial, una meta ambiciosa que la coalición oficialista espera abordar en el futuro inmediato.