Aprobado por la legislatura provincial, la nueva norma elimina los juzgados de menores y le otorga mayores tareas al MPA
Este jueves se aprobó la reforma del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe. Con estas modificaciones, los legisladores pretenden dar un nuevo abordaje a los delitos donde intervienen menores de 18 años.
El nuevo Código deja sin efecto los juzgados de menores y pasarán a manos del Ministerio Público de la Acusación. Además, podrán ser imputados en el caso de ser encontrados responsables penalmente del delito en cuestión.
Esta modificación no está relacionada a la edad de imputabilidad, que seguirá siendo de 18 años, ya que es una decisión que debe tomar el Congreso de la Nación.
El nuevo Código se aprobó con el acompañamiento del Pro, la UCR y los sectores evangelistas, mientras que en contra votaron el Socialismo, el PJ y el Frente Social y Popular.
“Es un proyecto que va a ser sumamente importante para la justicia juvenil. El avance de los delitos cometidos por menores es importantísimo, para llenar un vacío que tenía la justicia de Santa Fe”, había destacado la semana pasada el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo (9 de Julio).
Por su parte, el diputado pejotista Oscar «Cachi» Martínez destacó: “Me parece muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con las santafesinas y santafesinos de dictar un Código como este. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema».
Más adelante, y en referencia a las voces en contra del proyecto que se escucharon en la Cámara, Martínez sentenció: “A mí me ha tocado en estos años llevar adelante la tarea de coordinar el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares y una de las personas con la que trabajamos fue Graciela Brondino, que por la ausencia de un Código de Procesamiento Penal Juvenil no tuvo la posibilidad de convertirse en querellante en la causa del asesinato de su hija donde el imputado era menor de edad, y que por la falta de legislación en ese sentido tuvo que luchar muchísimo hasta que un juez escuchó su reclamo. Entiendo que no haya unanimidad en este proyecto, cada una de las legisladoras y legisladores tiene el derecho y la potestad de pensar diferente y eso es una de las enormes ventajas de vivir en democracia y de tener representantes que piensen y opinen según su ideología pero sinceramente creo que muchos aquí se expresan más por ideología que por convicción».